Un impuesto distorsionado - Por Santiago Saenz Valiente

El autor repasa las consecuencias del impuesto a las ganancias por la venta de campos, dadas por las inequidades generadas al no permitirse la actualización del costo de su adquisición. Sostiene que al suspenderse el ajuste por inflación impositivo, no se corrige el resultado nominal para llegar al valor real de la propiedad.

03deSeptiembrede2011a las08:23

La actividad agropecuaria se lleva a cabo obviamente utilizando como herramienta esencial de producción la tierra rural, sobre la cual pesan variados impuestos. No es mi intención, aquí y ahora, cubrir la totalidad de los efectos fiscales que recaen sobre estos bienes, sino solo repasar las consecuencias del impuesto a las ganancias por la venta de campos y recordar aspectos relativos a los impuestos que recaen sobre el arrendamiento rural. Es interesante y preocupante a la vez conocer como le afecta a las personas físicas y también a las sociedades estos tributos.

Si el inmueble rural es propiedad de una sociedad regular (SA, SRL), el resultado producido por su venta está gravado por el impuesto a las ganancias, con la tasa fija del 35% sobre su resultado. Si el titular es una Sociedad Colectiva, la ganancia de toda la actividad junto con la producida por la enajenación del predio rural, será distribuida entre los socios integrantes y el impuesto se determinará en cabeza de cada socio aplicando la tasa progresiva.

Si las tierras estuvieran afectadas a la explotación agropecuaria propia, las personas físicas titulares ante su venta deben liquidar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, corresponde liquidar el impuesto a la transferencia de inmuebles con la tasa del 1,5% del precio de venta cuando no esté explotado el inmueble rural o bien esté arrendado al menos en los dos últimos años previos a su venta, o sea, se haya producido el cese de actividad.

Lo alarmante de la situación es que ante la salida de la convertibilidad -dependiendo de los momentos de adquisición y venta de tierras rurales- podría producirse que genuinos quebrantos por desprenderse de tierras, impliquen la obligatoriedad -según las normas pero no la razón- de ingresar una carga incluso elevadísima del impuesto a las ganancias. Esta inequidad es posible al no permitirse la actualización del costo de su adquisición.

Esta distorsión se produce al suspenderse el ajuste por inflación impositivo, cuyo único objetivo es corregir el resultado nominal para llegar al real. Es necesario destacar que los últimos fallos judiciales se resolvieron en favor del contribuyente ante la demostración ineludible por prueba pericial de la confiscatoriedad o falta de razonabilidad, según los casos.

La posibilidad de aplicar el régimen denominado de Venta y Reemplazo, está vigente y es legítimamente admisible para las tierras a pesar de interpretaciones judiciales equivocadas que en ocasiones lo han impedido por tratarse de un bien no amortizable. Esta posibilidad, de todas formas, es un diferimiento del impuesto- sin resolver realmente el problema de fondo-, lejos de ser una exención, como algunos la interpretan.

Debe cumplirse con la adquisición de otro inmueble rural o bienes de uso dentro del periodo de un año, para aplicar la ganancia a la compra del nuevo bien.Se trata de un régimen de fomento de inversión, y el bien reemplazado generará actividad cuya rentabilidad tributará impuesto a las ganancias.

Otra alternativa aplicada como práctica habitual es la transferencia de acciones -exentas o no- alcanzadas, en su caso, por falta de habitualidad ante el impuesto a las ganancias, cuya sociedad resulta titular de tierras rurales. Ello está lejos de ser una solución, pues las últimas decisiones judiciales y la AFIP enfocan de cerca estas operaciones a la luz de la realidad económica cuestionando en ocasiones la transacción realizada.

Actualmente es indispensable a los fines fiscales respetar las formalidades de los contratos, pues

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