La soja de 2007 y una historia inconclusa

Están por cumplirse 4 años desde aquel 9 de noviembre de 2007 en que se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones 368 y 369 del Ministerio de Economía elevando al 35% y 32% las alícuotas de los derechos de exportación del poroto y el aceite de soja respectivamente, y desde que se produjera el aluvión de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (18.791.000 de toneladas entre poroto, pellets y aceite de soja) formuladas por las empresas exportadoras de esos rubros.

También han transcurrido casi cuatro años desde que el Congreso Nacional sancionó la ley 26.351 -promulgada de hecho y publicada el 16 de enero de 2008-, a partir de un proyecto de mi autoría, cuyo primer artículo dispuso que cuando se produjera un incremento de los derechos de exportación de productos agropecuarios regidos por la ley 21.453 se "deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos" al formularse las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior en el Registro respectivo, que, en ese momento, estaba a cargo de la Secretaria de Agricultura y que de haberse cerrado antes de elevarse las retenciones no estaríamos hablando hoy del enorme perjuicio sufrido por el Estado nacional.

También desde ese entonces, por las vicisitudes e irregularidades, no ha ingresado a las arcas fiscales la recaudación esperada (fuera de la excepción que se conoce de algunas empresas exportadoras que han pagado directamente a la AFIP parte de sus Declaraciones Juradas), ya que aún están en trámite algunos amparos y recursos administrativos cuya resolución ha sido dilatada por parte de los organismos y funcionarios de las áreas respectivas.

El Poder Ejecutivo demoró casi cuatro meses en reglamentar la ley 26.351 y sólo lo hizo después de que el 7 de mayo de ese mismo año le enviara una carta a la Presidenta advirtiéndole que, hasta ese momento, los barcos estaban saliendo de los puertos con porotos, pellets y aceite de soja pagando sólo el 27% de retención. Recién entonces, el 13 de mayo de 2008 se dicta el decreto 764 reglamentando la ley pero apartándose de lo expresamente previsto por su artículo tercero cuando había dispuesto que fuera la Secretaría de Agricultura la autoridad de aplicación encargada dictar la norma reglamentaria a fin de establecer los requisitos que deberían cumplirse para acreditar la tenencia, o, en su caso, la adquisición de los productos denunciados. En lugar de ello se designó a la Oncca para tal efecto, organismo cuya actuación y manejo irregular (siendo benévolo) lo llevó a su disolución y reemplazo por un ente hasta hoy no muy bien definido.

Antes de su disolución, la Oncca finalmente dictó la resolución 543/08, donde, de entre los 23 artículos de su texto, dedicó sólo uno, el número 13, a cumplir lo requerido por la ley 26.351, limitándose a enunciar genéricamente que el organismo "constataría la documentación que acompañen los operadores conforme la base de datos propios y a las facturas y contratos que presenten los interesados".

Esto fue incompleto, ya que lo que se le había encomendado expresamente era dictar la normativa que permitiera establecer en forma precisa los requisitos que deberían cumplirse para acreditar la tenencia, o en su caso, la adquisición de los productos denunciados. El citado artículo 13 desconoció como medios idóneos para acreditar la probanza de la tenencia a las constancias de las existencias físicas en instalaciones propias o ajenas, a las compras con precio fijo y con el grano pendiente de recibir, a las compras del mercado a término, a la producción en campos propios y, en el caso de las empresas exportadoras de aceites y derivados, a la existencia y propiedad del poroto de soja en todas sus variantes.

Nada de esto apareció en su normativa y, en consecuencia, terminó dictando las resoluciones 1487/08 y 1898/08 dirigidas a la AFIP, estableciendo lisa y l