Promueven extender derechos laborales al personal doméstico

Según la OIT, la igualdad de condiciones se lograría con progresividad y ayuda estatal.

11deNoviembrede2011a las07:56

"Hay un tema de fondo que es la igualdad de condiciones. Entonces, no se puede aceptar que el personal doméstico tenga menos derechos que el resto de los trabajadores usando el argumento del nivel de ingresos de una familia."

Decidida a promover que los países adhieran a la nueva convención internacional sobre empleo doméstico, Manuela Tomei, directora del programa sobre condiciones de trabajo y empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que una vez definido que la igualdad de derechos es la meta, depende de la legislación de cada país que exista una progresividad en el otorgamiento de beneficios para empleadas domésticas y que haya eventualmente subsidios estatales para garantizar su cumplimiento.

La socióloga italiana estuvo en Buenos Aires participando de un seminario de la OIT sobre economía informal. El organismo tripartito elaboró recientemente un convenio que promueve la extensión de derechos laborales a quienes trabajan en tareas domésticas. Cada país que adhiera a ese convenio -lo que requiere el aval del Congreso- deberá luego adecuar su legislación.

En una charla con La Nacion, la funcionaria consideró que el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo "va en el buen camino".
Beneficios fiscales

Pero advirtió a la vez que beneficios fiscales como la posibilidad de deducir los salarios y aportes sociales del impuesto a las ganancias benefician en mayor medida a quienes tienen mejor capacidad contributiva. Todo ello, en un contexto en que está cada vez más difundida entre las clases media y media baja, la necesidad de contar con personal que ayude en el hogar, una tendencia acorde con la creciente presencia de las mujeres en el mundo laboral y con la mayor esperanza de vida.

La consideración del tema en la OIT se da al mismo tiempo que existe un debate en nuestro país. La iniciativa, aprobada por Diputados, pero frenada ahora en el Senado por pedido del propio Gobierno, busca ampliar el período de vacaciones; duplicar la indemnización por despido igualándola a la de otros empleos; incluir la licencia por maternidad y limitar las jornadas, entre otros aspectos.

En cuestión de costos, el proyecto provocó confusión. Hoy, con un aporte fijo de $ 95 se da acceso a la obra social y a la jubilación, lo que implica un subsidio implícito, ya que la contribución es inferior a la de un asalariado. El proyecto no modifica explícitamente ese esquema, pero hay legisladores y abogados que dudan de su continuidad, al interpretar que por cómo está redactado el texto, podría disponer la obligación de hacer descuentos salariales y contribuciones patronales equivalentes a los del resto de los empleos.

Se plantea la equiparación de derechos, ¿cómo se compatibiliza eso con el argumento de quienes advierten que una familia no es una empresa y que no puede asumir el costo que eso implica?

-No se puede aceptar que haya menos derechos con el argumento de los niveles de ingresos de una familia. Pero es cierto que hay problemas concretos y por eso se prevé la aplicación progresiva de la extensión de los derechos. Hay prestaciones absolutamente básicas y fundamentales y otras que podrían llegar en un segundo momento. Por otra parte, hay una percepción de que cualquiera puede hacer el trabajo, por eso es importante tender a la profesionalización. El uso de subsidios, la profesionalización y la extensión de derechos deben ser analizados progresivamente y a la par.

¿Qué prestaciones son consideradas prioritarias?

-Jubilación y salud, definitivamente. Es muy importante el seguro contra accidentes, que por lo general no tiene un costo alto, y también que haya licencia por maternidad.

Los pagos en las licencias ¿deberían estar a cargo del empleador o del Estado,

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