Resignado, el Gobierno ya da por perdida la reforma de la Justicia

La reforma judicial, presentada por el kirchnerismo como la "democratización" de la Justicia, se desintegra. La Corte Suprema, que ya había declarado inconstitucional la modificación del Consejo de la Magistratura, dejó sin efecto la semana pasada las tres últimas leyes que seguían en pie. Algunas normas las postergó sin plazo; otras, las declaró inválidas.

El oficialismo asiste con resignación a la caída de su proyecto. "Ya no es tema. Tema, hoy, es el resultado electoral y, además, ¿qué vamos a hacer?", dijo a LA NACION un funcionario kirchnerista que había defendido a ultranza la reforma judicial. "La Presidenta podrá decir que quiso transformar la Justicia y no la dejaron", se consoló.

Abiertamente, sólo hubo reacciones aisladas. El diputado Carlos Kunkel dijo a LA NACION que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es un "desestabilizador", y su par Diana Conti, algo más optimista, que las leyes sirvieron para "instalar el debate" sobre la Justicia.

Pero ni la Presidenta ni ningún otro funcionario hicieron declaraciones públicas sobre las últimas decisiones de la Corte, que el martes pasado resolvió que no entregará sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (depende del Poder Ejecutivo), que sólo dará a conocer todas las sentencias de los tribunales cuando desarrolle su propio sistema para hacerlo, y que no piensa informar con antelación los temas que tratará en cada reunión. Todas éstas eran imposiciones de las nuevas leyes, sancionadas por el Congreso en mayo.

Los kirchneristas se debaten en estos días entre la bronca contra la Corte -varios acusan a Lorenzetti de traidor- y una suerte de resignación. Dicen que, por cómo venía actuando el tribunal, estas decisiones eran esperables. En cuanto a la falta de respuesta a esas decisiones, explican que se debe a las elecciones y a la causa por la ley de medios, en la cual temen un fallo adverso.

Sin embargo, hay oficialistas que creen que esta sucesión de fallos contrarios a los intereses del Gobierno puede ser la antesala de una decisión no del todo perjudicial en el caso Clarín. Especulan con una jugada salomónica de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que no tienen claro qué va a pasar.

"Ésta es una opinión mía: Lorenzetti tiene una clara actitud desestabilizadora -dijo Kunkel-. Quiere avanzar sobre las instituciones impidiendo el funcionamiento del Congreso y el Poder Ejecutivo. Lorenzetti quiere más poder sin los votos de la ciudadanía."

Conti, con una mirada más positiva, dijo a LA NACION: "Es verdad que la Corte ha emitido sus fallos, pero el debate acerca de la democratización de la Justicia se instaló en la sociedad y surgió dentro del Poder Judicial una agrupación como Justicia Legítima, que, contrapuesta a otros sectores, puede generar debates productivos hacia la democratización".

La presidenta de Justicia Legítima, la camarista María Laura Garrigós, sí habló de las acordadas del máximo tribunal: "Pareciera que la Corte está decidida a no cumplir con las normas que integran la reforma judicial", dijo la semana pasada a Página 12. No sólo por la declaración de inconstitucionalidad de la "elección popular" de los miembros del Consejo de la Magistratura; también porque "no hizo nada" -afirmó Garrigós- para cumplir con el ingreso por concurso ni con la publicidad de todos los fallos judiciales. El máximo tribunal no desconoció estas demandas legales, pero supeditó su aplicación a la reglamentación y a las adecuaciones prácticas que hará para cumplirlas.

Ayer, Garrigós dijo a LA NACION: "Al decir con una acordada que no va a aplicar la ley, la Corte se está arrogando atribuciones que no tiene. Ningún órgano del Estado puede, por una decisión de superintendencia, decir que es inconstitucional una ley".

Una idea de Cristina

¿Cómo es posible que el Gobierno no haya previsto que la Justicia iba a bloquear la aplicación de todas las leyes de la reforma judicial? ¿Quién se equivocó? ¿Quién pagará el costo político por estas derrotas?