La Corte puso en aprietos a los representantes del Gobierno y de Clarín
En la segunda y última audiencia pública sobre la ley de medios, la Corte Suprema puso varias veces en aprietos a los representantes del Gobierno y del Grupo Clarín, con una batería de preguntas que sorprendieron por su precisión y concepto.
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La de ayer fue la última instancia antes de que la Corte resuelva si confirma al fallo de la Cámara Federal que aceptó el cuestionamiento que el Grupo Clarín hizo a dos de los cuatro artículos de la ley de medios que están en controversia. El tribunal no tiene plazos prefijados para pronunciarse.
La audiencia de la Corte, que se había iniciado anteayer con la exposición de los amicus curiae (amigos del tribunal), continuó ayer con las preguntas que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había consensuado con sus colegas y que les fue formulando a las partes.
A pesar de que estaba previsto que el Grupo Clarín y el Estado podrían comenzar con una exposición de media hora, el tribunal invirtió el procedimiento. Si bien el Gobierno aprovechó la oportunidad para mejorar el magro desempeño que tuvo en la causa, trastabilló en varias respuestas y reconoció que para el Estado las licencias de radiodifusión son tan sólo "privilegios" que otorga el Estado y que puede revocar en cualquier momento.
Las primeras dieciséis preguntas estuvieron dirigidas a los abogados del Grupo Clarín: Damián Cassino y los constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli, que estaban acompañados por el economista Carlos Winograd, Carlos Moltini (presidente de Cablevisión) y Martín Etchevers, gerente de Comunicación.
Las exposiciones dejaron muy clara la línea argumental del Grupo Clarín:
-Desguazar al Grupo Clarín es afectar su derecho a expresarse y el derecho de la gente a elegir qué programas quiere ver.
-La ley proclama que busca más pluralismo, pero el Gobierno no probó que desarmar al Grupo Clarín lleve a ese resultado.
