El Gobierno se prepara para resistir fallo por retenciones

El Gobierno confirmó ayer que analiza el impacto del fallo que emitió la Corte Suprema el martes 15 de este mes para dictar la inconstitucionalidad de retenciones cobradas en 2002 a una empresa pesquera. La base argumental de ese fallo de la Corte se apoya en tres pilares: que el Poder Ejecutivo no puede decidir por decreto sobre impuestos; considera las retenciones como un tributo y no un derecho de exportación y pone un límite claro (de hecho, no es otro que el que claramente fija la Constitución nacional, pero que transgreden todos los gobiernos y el actual en especial) para la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo que en el caso de tributos está expresamente prohibida.

La confirmación llegó ayer de boca de Jorge Capitanich y tiene dos capítulos para analizar. El jefe de Gabinete respondió a una pregunta en su ya clásica conferencia de prensa afirmando: "Hemos requerido a partir del fallo de la Corte un dictamen exhaustivo para determinar claramente los efectos del mismo".

Pero más allá de evaluar el peligro de ese fallo, el Gobierno también se le planta a la Corte Suprema argumentalmente al anunciar: "Los derechos de exportación oportunamente determinados se basan en una ley aprobada por el Congreso y una delegación de facultades estrictamente reservada para el Poder Ejecutivo, en consecuencia, el fallo de la Corte no tiene incumbencia respecto a la aplicación efectiva de estos derechos de exportación". Ese argumento que explicó Capitanich es el opuesto en definición a lo que planteó y el máximo tribunal y aparece como la primera defensa frontal del Gobierno ante el pronunciamiento.