La generación eléctrica tiene el futuro condicionado

La electricidad es un bien esencial y escaso, no un bien cuasi libre como parecería entenderse durante 12 años de congelamiento de tarifas y de subsidios.

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La generación eléctrica tiene el futuro condicionado
03deMayode2014a las06:40

La electricidad es un bien esencial y escaso, no un bien cuasi libre como parecería entenderse durante 12 años de congelamiento de tarifas y de subsidios.

Las consecuencias financieras y estructurales revelan ahora el costo de no haber escuchado las advertencias hechas desde 2002, a tal punto que si ese tipo de intervención estatal se revirtiera, tendiendo a superar los desequilibrios financieros, la Argentina deberá enfrentar de todas maneras un grave déficit en su capacidad de generación eléctrica.

La seguridad del suministro eléctrico de la Argentina se derrumbó entre 2002 y 2007, y desde entonces no se recuperó. En los primeros seis años de este período, la violación estatal de los contratos, la intervención del Estado sustitutiva y no reguladora de un mercado competitivo -y el consecuente control de precios- frenaron la inversión privada sin que se la reemplazara con la pública.

El sistema proveyó electricidad sobre la base de las inversiones pasadas y perdió su margen de reserva de generación. Así se llegó a la crisis de 2007.

Desde entonces, el Gobierno avanzó por distintas vías que concluyeron en un crecimiento insuficiente e ineficiente del parque generador. Fríos o calores no siempre extremos le recuerdan a la sociedad que el esfuerzo inversor creció 64% en la década 1993-2003, mientras en los últimos diez años sólo lo hizo en un 37%, a pesar de que las tasas de crecimiento promedio anual de la demanda de electricidad fueron casi idénticas en ambos períodos.

La permanencia de aquellas carencias de la política energética proyecta y condiciona la disponibilidad de electricidad en el futuro cualquiera que sea el plazo en que se lo mida.

En el corto plazo, el Gobierno se propondría instalar, sin más plan que la urgencia, un importante número de unidades medianas o pequeñas de generación térmica, en adición a los proyectos en proceso de ejecución.

En el mediano, el único aporte significativo sería la reincorporación al sistema de la central nuclear de Embalse repotenciada, que saldría temporalmente de servicio cuando comience a operar Atucha II.

En el largo plazo, no existe iniciativa de origen privado, ya que la generación térmica se ha convertido en un proceso de maquila, donde el Gobierno entrega combustible y las empresas devuelven electrones a cambio de costos predeterminados y retribución condicionada.

Hay tres proyectos internacionales y otros cuatro proyectos hidroeléctricos nacionales y provinciales en cartera que podrían terminarse a principios de la década de 2020 si superan sus dificultades de financiamiento. Los demás proyectos hidroeléctricos fueron casi todos diseñados hace 30 o más años, y su factibilidad habrá que actualizar incluso a la luz de la declinación de los caudales en las cuencas andinas.

La expansión de la energía nuclear es un gran tema de debate postergado y de baja transparencia. Existen, finalmente, diversos proyectos de energía renovables que en su gran mayoría no están asociados a contratos firmes de largo plazo ni poseen financiamiento.

UN LEGADO COMPLEJO

En consecuencia, la disponibilidad futura de energía, comparada con la simple proyección de su demanda a la tasa promedio histórica de los últimos 20 años, revela un déficit creciente de la capacidad de generación esperable a partir de 2016, que, sin inversiones de por medio, podría desabastecer al 30% de la demanda en 2030.

Esta situación sería aun peor si no se invirtiera para alcanzar un mayor margen de reserva de generación que el actual, ni se repusiera el equipamiento con mayor obsolescencia.

No obstante, la introducción de un fuerte sesgo público y privado hacia la eficiencia energética, junto con la adecuación del precio de la electricidad al costo económico de producirla, podrían actuar como factores significativos en la atenuación del crecimiento de la demanda y reducir la brecha de desabastecimiento potencial.

Pero el mandato que tiene hoy vigencia en nuestro país es analizar cómo se satisfará la demanda futura de electricidad frente al cuadro descripto, de peligrosa precariedad, agravada por los tiempos que insumen los proyectos desde su idea inicial hasta el despacho comercial de energía, que varían de un mínimo de 30 meses en energía eólica hasta 8 a 12 años en energía nuclear.

Es posible, por ejemplo, estimar ceteris paribus que el país necesitaría incrementar en 22.000 megavatios la potencia de su parque generador entre 2017 y 2030 si se decidiera satisfacer la demanda y mejorar el margen de reserva sin recurrir a nueva energía nuclear.

El costo de ese equipamiento, sin cargos de desarrollo ni de financiamiento, fluctuaría entre US$ 35.000 y 39.000 millones a precios actuales. Pero antes deberán darse las condiciones que atraigan inversores, y el costo total de los proyectos dependerá de la calificación de la Argentina en los mercados de capitales.

De todos modos, la potencia final de generación por instalar debería depender de la mezcla de combustibles y tecnologías que optimicen las necesidades de abastecimiento, el tiempo de maduración de las inversiones, la competitividad del sector y sus efectos ambientales.

No obstante, la gravedad del vacío programático obligará seguramente a gestar proyectos de emergencia en el bienio 2016-17 por un lado, y a orientar la programación pública y privada para completar, incentivar e iniciar nuevos proyectos.

Éstos son los temas que requieren respuestas estudiadas, precisas y consistentes con una visión de largo plazo y tecnológicamente avanzada. Algo difícil de por sí, pero que en la Argentina lo es más porque el vacío programático del sector agrega el adjetivo "urgente" a todas las respuestas.

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