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Córdoba: elevan propuestas sobre la ley de agroquímicos

En la provincia de Córdoba la comunicación, fiscalización y capacitación fueron los principales ejes.

Por La Voz del Interior

Las conclusiones de una jornada sobre la ley provincial de agroquímicos, que cumplió una década en su aplicación, serán elevadas a la Comisión de Agroquímicos, que sesionará el segundo viernes de junio.

Los ejes de debate abordados en mesas de trabajo, con la participación de diferentes actores, fueron tres: comunicación, fiscalización y capacitación, con propuesta referidas al corto plazo (próxima campaña) y al mediano y largo plazo, anunció el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

El acto de apertura estuvo presidido el lunes último por la vicegobernadora, Alicia Pregno, junto a los ministros de Agricultura, Julián López, y su par de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, entre otros funcionarios provinciales.

La cartera rural destacó el nivel de la convocatoria: más de 120 personas, entre productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, profesionales de diversas ramas, miembros de entidades gremiales vinculadas al agro, universidades, colegios de profesionales e intendentes.

“Esta es una ley es modelo, en la que incluso otras provincias se respaldan para el desarrollo de su legislación en esta materia, y que se hayan cumplido 10 años de su sanción nos obliga a potenciar sus virtudes: hay que hacer mayores esfuerzos para capacitar y difundirla, porque mucha gente aún no la conoce, y hay que intensificar el control y la fiscalización”, expresó el ministro Julián López, al aludir a la ley 9.164, que regula el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

Propuestas

De las nueve mesas de trabajo surgieron diferentes propuestas en torno de las tres líneas de trabajo y el documento con las conclusiones finales se elevará a la Comisión de Agroquímicos que sesionará el tercer viernes de junio, se informó.

El secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, señaló que la idea es que replicar otras jornadas similares en tres o cuatro localidades que se encuentren en zonas agrícolas del territorio provincial. Explicó que se están evaluando las fechas y que las próximas citas serían en las ciudades de Río Cuarto y San Francisco, mientras se encuentran en análisis dos poblaciones más.

“Cuanto más nos acerquemos al resto de la sociedad y le comuniquemos los alcances de la ley, su reglamentación y las medidas de seguridad que exige a quienes trabajan en el rubro, menos dificultades habrá en la resolución de los conflictos que surgen, precisamente por desconocimiento”, dijo el secretario.

Antecedentes

En junio de 2004, la Legislatura provincial sancionó el régimen regulatorio del uso de productos destinados a la protección de los cultivos mediante el control de plagas y enfermedades que los afectan.

Según explicó la cartera agropecuaria, la ley 9.164 surgió de la necesidad de modernizar y actualizar las normas por entonces vigentes a los efectos de proteger la salud humana y el medio ambiente, habida cuenta de la evolución de la actividad agropecuaria verificada en las últimas décadas y en particular en los últimos años, con el consiguiente aumento de los productos fitosanitarios.

“Esta ley fue el producto del consenso entre todos los actores vinculados y relacionados de manera directa o indirecta a la actividad productiva de la provincia”, apuntó el ministerio. Y recordó que en dicha oportunidad se trabajó en conjunto con diferentes instituciones y organismos: el Colegio de Ingenieros Agrónomos, las asociaciones gremiales del agro, el Inta, la Cámara de Aeroaplicadores, las universidades de Córdoba, Río Cuarto y de Villa María y la Defensoría del Pueblo.

Esta propuesta normativa tuvo el tratamiento y posterior aval de varias comisiones: las de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; Salud Humana; Asuntos Ecológicos y Legislación General; Reforma Administrativa y Descentralización, destacó el informe.

Capacitación

Acciones. Las mesas de trabajo propusieron acciones tales como la capacitación de docentes en todos los niveles; incorporación en la currícula de colegios; capacitar a personal municipal, médicos, jueces, bomberos; transporte, encargados de depósitos, extender el plazo de vigencia de los cursos para asesores; información toxicológica a actores de la ley; que los programas tengan continuidad y no dependan de las políticas de turno.

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