El Gobierno negocia de apuro para evitar el paro del transporte

El Gobierno prevé nuevas reuniones con los sindicatos del transporte antes de la fecha del paro nacional del sector convocado para el martes que viene, que de momento contará con la adhesión de las centrales gremiales opositoras, como había adelantado este diario, y de la Asociación Bancaria. Lo confirmaron cerca de los funcionarios designados porCristina de Kirchner para desmontar la protesta, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. 

Las negociaciones in extremis están orientadas a los dos gremios más estratégicos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a colectiveros y choferes de micros y cuya paritaria depende cada año de los subsidios estatales, y La Fraternidad, de los maquinistas de trenes. Se trata, junto con los camioneros de Hugo Moyano, de las únicas organizaciones con capacidad real de ser garantes de la contundencia de la protesta. 

El gremio de colectiveros ya había desairado el año pasado al sindicalismo opositor al bajarse de una huelga nacional a último momento. Un primer encuentro de Fernández y Tomada, la semana pasada, con los dirigentes organizadores, terminó con la confirmación de la medida de fuerza al no haber novedades respecto de Ganancias. 

En cualquier caso, la huelga se convirtió en una guerra de nervios para oficialistas y opositores. Mientras en las centrales disidentes temen una suspensión a último momento de la huelga por parte de sus convocantes originales -y únicos garantes de su verdadera contundencia-, entre los gremios que reportan al Ejecutivo admiten que algunas de sus filiales o sectores (los de mayores ingresos) pueden adherir a pesar del posicionamiento de la organización madre. 

Hasta anoche, el discurso de los dirigentes del transporte permanecía inconmovible: en la medida que Cristina de Kirchner no disponga una modificación integral sobre el Impuesto a las Ganancias no habrá forma de desactivar el paro. Las otras banderas que esgrimen los organizadores, como la inflación y la necesidad de una recomposición de emergencia para las jubilaciones, son más decorativas y sólo sirven para engordar de contenido el plan de lucha, que está más orientado al próximo Gobierno que a las actuales autoridades, y de paso a la interna de la CGT. 

Ayer, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, confirmó que su gremio se sumará a la huelga en la medida que los dirigentes del transporte resuelvan finalmente llevarla a cabo. Palazzo cuestionó "la desidia" del Gobierno en atender el reclamo gremial respecto de Ganancias. Para los funcionarios el impuesto alcanza al 10% de los trabajadores en relación de dependencia, cerca de un millón de asalariados, y esa cantidad permanece congelada desde la última modificación de las escalas, en 2013. Sin embargo, en las capas más altas de la pirámide de ingresos los aumentos negociados en paritarias desde entonces empujaron hacia arriba las categorías del tributo.

"En el sector bancario, en forma directa, entre el 50% y el 66% de la masa trabajadora, dependiendo de cada institución bancaria, lo tributa; y en la banca pública es más grande el porcentaje, aunque en los bancos Provincia y Ciudad les devuelven a sus trabajadores el porcentaje que se les retiene por Ganancias", dijo Palazzo por radio. En otras palabras, dio a entender que el resto de las entidades bancarias podrían asumir el costo de Ganancias, una alternativa que también reclaman gremios poderosos, como los petroleros de las provincias patagónicas. 

Las otras adhesiones por fuera de los gremios del transporte se darán a conocer formalmente mañana. Será durante las reuniones que tendrán la CGT de Hugo Moyano y la Azul y Blanca, de Luis Barrionuevo, y para esta misma semana se prevé un pronunciamiento similar de la CTA opositora, de Pablo Micheli. 

También mañana habrá un plenario de los 22 sindicatos que llamaron al paro: será en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y contará con las presencia de Roberto Fernández (UTA), Omar Maturano (La Fraternidad),Omar Pérez (Camioneros) y Juan Carlos Schmid (referente del sector portuario), entre otros. 

Excepto la UTA y La Fraternidad, que todavía integran la CGT oficialista, ningún gremio enrolado en centrales afines al Gobierno dio a conocer su adhesión a la medida de fuerza. Sin embargo, en algunos sindicatos admitían la posibilidad de que sus afiliados con salarios más altos, y por lo tanto alcanzados en mayor medida por Ganancias, podrían sumarse a la jornada de protesta. 

Esa alternativa, que incluso barajó en la intimidad el propio Antonio Caló, jefe de la UOM y de la CGT oficialista, respecto de metalúrgicos como los del rubro siderúrgico, es alimentada por la queja recurrente de los impactados por el tributo: cualquier esfuerzo adicional, como las horas extra y los días feriados trabajados, termina por quedar absorbido por el pago de Ganancias. 

De todos modos, ni oficialistas ni opositores esperan una reacción inmediata de Cristina de Kirchner. En cambio, todos dan por hecho que habrá una modificación en Ganancias pero que la jefa de Estado la pondrá en juego con la campaña electoral, inmediatamente antes o después de las primarias de agosto. Ese convencimiento confirma la orientación verdadera del paro: un mensaje al próximo Gobierno acerca de quiénes deberán ser los interlocutores en el sector sindical, y también a la interna de la CGT, enfrascada en difíciles negociaciones para reunificarla.