Inundaciones: ¿Qué hacer ante una situación de emergencia agropecuaria?

Ante el anegamiento por el exceso hídrico, la Administración Federal de Ingresos Públicos prorrogó el plazo para las obligaciones impositivas para los sectores afectados por las inundaciones de Buenos Aires y Santa Fe.

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El certificado de emergencia o desastre agropecuario es una alternativa que puede contemplarse como paliativo de acontecimientos que repercuten en el rendimiento de la producción.

El certificado de emergencia o desastre agropecuario es una alternativa que puede contemplarse como paliativo de acontecimientos que repercuten en el rendimiento de la producción.

18deAgostode2015a las10:30

El impacto de eventualidades climáticas en el patrimonio de la empresa agropecuaria obliga a sus administradores a apelar a herramientas que procuren resguardar su capital.

Un ejemplo de ello son los certificados de emergencia o desastre, que permiten tributar de modo diferido o bien quedar eximidos del pago de tributos.

Prórroga para presentación y pago de obligaciones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció en su Resolución General Nº 3794 (B.O. 13/08/2015) un plazo especial para la presentación y pago de las obligaciones impositivas, Autónomos y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes,  para los sujetos con domicilio fiscal y/o actividad desarrollada en las localidades afectadas por las inundaciones de las provincias de Buenos Aires y/o Santa Fe, ocurridas en el mes en curso.

El plazo especial será para las obligaciones con vencimientos  entre los meses de agosto y diciembre de 2015, ambos inclusive. Las presentaciones, y pago en caso de corresponder, se considerarán efectuados en término si se efectivizan hasta las fechas de vencimientos fijadas  para los meses de enero a mayo de 2016, respectivamente.

Las presentaciones y pagos que deben realizarse en agosto de 2015 podrán efectuarse hasta el vencimiento de enero de 2016, y así con el resto de los meses.

Aquellos interesados en el plazo especial establecido deberán presentar nota en la dependencia de AFIP correspondiente, solicitándolo.

Emergencia y desastre agropecuario

Cuando una zona es declarada en estado de emergencia, ello implica que al menos el 50% de la capacidad productiva de la superficie se ha visto afectada, situación que amerita la diferenciación en el pago de impuestos.

Por su parte, el desastre agropecuario alude a situaciones aún más críticas, con el perjuicio del 80% de su producción o capacidad de producción comprometida. En este caso los productores afectados podrán acceder a la exención de su compromiso impositivo.

El certificado de emergencia o desastre agropecuario es una alternativa que bien puede contemplarse como paliativo ante la incidencia de acontecimientos que repercuten directamente en el rendimiento de la producción.

Análisis de un caso práctico

A modo de ejemplo, analizamos el siguiente caso práctico:

Supongamos que una empresa agropecuaria ha tramitado los certificados ante la declaración del estado de emergencia de la zona en que realiza sus actividades. Estimando que el saldo a pagar por impuesto a las ganancias es de $500 mil que deberán abonar dentro de los 360 días a valor nominal. Por lo tanto, el beneficio estaría generado por la inflación que se genere en ese lapso y/o por la colocación de dicho capital en alguna inversión u otra actividad.

Para tomar una referencia, estimamos una tasa del 25% de inflación y suponemos que el importe de $500.000 no es utilizado en ninguna otra inversión (por ejemplo, se guarda en una caja de seguridad hasta el día 360). No obstante la elección de esta alternativa, que sería la menos productiva, la empresa en cuestión estaría igualmente beneficiándose financieramente con el ahorro de $100.000 (500.000/1,25).

Aunque al productor no le otorguen el 50% o más de su capacidad productiva afectada, a modo de resguardo recomendamos igualmente solicitar el certificado en la dependencia de AFIP correspondiente para palear las consecuencias de la emergencia y, además, para poder contar con una prueba documental ante fiscalizaciones del Organismo de Recaudación.

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