Solidaridad laboral en la tercerización de actividades agropecuarias

La ley 26.726 (Régimen de Trabajo Agrario) regula la solidaridad por los créditos laborales en los casos de tercerización de actividades. Julio Mirasson, del Departamento Técnico Legal Laboral, explica los alcances y excepciones.

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El ámbito al que se aplica la solidaridad es amplio aludiendo a la “actividad agraria”.

El ámbito al que se aplica la solidaridad es amplio aludiendo a la “actividad agraria”.

08deEnerode2016a las13:05

El Art. 12 del RTA. dice textualmente: “. — Contratación, subcontratación y cesión. Solidaridad. Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de dichas actividades, que hagan a su actividad principal o accesoria, deberán exigir de aquellos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.

Cuando se contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, y dentro de su ámbito, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal. 

La solidaridad establecida en el primer párrafo tendrá efecto aun cuando el trabajador demande directamente al principal sin accionar contra el contratista, subcontratista o cesionario.

Explica Julio Mirasson de Arizmendi, que no resultará de aplicación el presente artículo a aquellos propietarios que den en arrendamiento tierras de su titularidad que no constituyan establecimientos o explotaciones productivas, en los términos del artículo 5º de la presente ley”.

Datos a tener el cuenta

Corresponde distinguir las siguientes situaciones:

Cesión del establecimiento y la contratación de servicios o trabajos propios

El primer párrafo del Art. 12 se refiere a quien contrata o subcontrata de trabajos o servicios “propios de actividades agrarias” o cede total o parcialmente el establecimiento de su titularidad “para la realización de tales actividades que hagan a su actividad principal o accesoria”.

En el caso, el empleador principal (es decir quien contrata o subcontrata a terceros las tareas descriptas o el titular del establecimiento que lo cede para realizarlas) está obligado a exigir de cesionarios y contratistas el cumplimiento de sus obligaciones laborales y con el Sistema de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de esa obligación, será responsable solidario por los incumplimientos en que incurrieran los últimos respecto de las obligaciones emergentes de las relaciones laborales con el personal que tuvieran a sus órdenes.

Es importante esta aclaración porque la responsabilidad del principal por tales incumplimientos es objetiva: es decir, no se lo exime de aquella aunque demuestre que exigió a los cesionarios o subcontratistas el cumplimiento de sus obligaciones. 

Como puede observarse el ámbito al que se aplica la solidaridad es amplio aludiendo a la “actividad agraria”, sin efectuar distinción alguna, la que de acuerdo al Art. 5 RTA es la “dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícola, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales”, sea principal o accesoria.

En este caso, el Párr. 4º del Art. 12 permite al trabajador demandar directamente al principal sin accionar contra el contratista, subcontratista o cesionario, siguiendo el criterio fijado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo plenario No 309 del 3/2/2006. dictado en los autos “RAMIREZ, María Isidora c/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS y OTRO s/ Despido”, que resolvió que es aplicable a la solidaridad del Art. 30 de la LCT lo previsto en el Art. 705 Párr. 1º del Código Civil que dice textualmente: “El acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios, juntamente, o contra cualquiera de ellos”.

Contratación de obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad

El Párr. 2º del Art. 12 del RTA regula un supuesto distinto al comentado en el punto anterior.

En este caso, se refiere a las “obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento”.

En este caso, la consecuencia es drástica ya que “se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal”.

Siempre la intermediación del subcontratista del principal, en este caso, es considerada viciosa, innecesaria y, en consecuencia, se la suprime, imputando el carácter de empleador directo al principal.                          

Inaplicabilidad del régimen de solidaridad

El último párrafo del Art. 12 del RTA establece que no será aplicable la solidaridad por créditos laborales a que nos hemos referido en el primer punto de este trabajo al propietario que dé en arrendamiento tierras de su titularidad que no constituyan establecimientos o explotaciones productivas, en los términos del artículo 5º del RTA.

En el caso que describe la norma, el titular arrienda el inmueble para ser destinado a una actividad distinta a la agraria –que se definió líneas arriba-. Es el caso, por ejemplo de quien lo hace para construir en el lugar un hotel con fines turísticos o para instalar un establecimiento fabril (actividades de servicio e industrial, respectivamente).

 

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