Impulsan cambios en la ley de semillas para acotar la figura del "uso propio"

El Gobierno ultima los detalles del proyecto que presentará para modificar la actual ley de semillas, y la principal novedad es que, salvo los productores chicos, una amplia mayoría del sector de la cadena productiva tendrá que pagar si decide guardarse semilla de soja de su propia cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente.

Vigente desde 1973, cuando la soja apenas se asomaba en la agricultura argentina, la ley de semillas de ese año concedió a los agricultores la figura del uso propio. Esto es, cosechada la soja podían reservarse toda la cantidad de semilla que quisieran para sembrarla en la siguiente campaña sin pagarles nada a las empresas semilleras que desarrollaron la semilla. Según las compañías de este rubro, ese uso propio terminó distorsionándose, ya que apelaron a este mecanismo por igual tanto productores chicos, necesitados de esa figura, como aquellos dueños de miles de hectáreas que podían comprar nuevamente la semilla.

Sólo en la soja y el trigo los productores pueden reproducir las semillas por las características de éstas. En cambio, en maíz no lo pueden hacer, ya que tendrían fuertes mermas en los rindes. Por lo tanto, deben comprarla todos los años para sembrar.

Según pudo saber LA NACION, en estos días en el Ministerio de Agroindustria se discuten al menos tres versiones para modificar la ley de semillas, y todas apuntan a reducir el uso propio gratuito. "El principal tema es que se va a acotar el uso propio gratuito, que la ley actual no limita. Habrá que pagar", dijo una fuente que pidió reserva de su identidad. Según detalló, serán muy pocos los artículos que se cambiarán de la actual ley, ya que el foco pasará por acotar el uso propio gratuito, reconocer las nuevas tecnologías -en 1973 no existía la biotecnología- y definir cómo se protegerá la propiedad intelectual.

En esta línea, el corte de quienes estarían eximidos de pagar se está evaluando según tres opciones: por facturación del productor, por cantidad de hectáreas o por la inclusión o no en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), que lleva el Ministerio de Agroindustria y superaría los 90.000 núcleos de agricultura familiar. Quienes no estén incluidos en la línea de corte deberán pagar a las empresas de semillas y tecnología por hacer uso propio de la semilla.