La prohibición del trabajo infantil y la regulación del trabajo adolescente en el campo

Si bien el trabajo de menores de 16 años está prohibido, hay excepciones. Qué condiciones deben cumplirse.

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03deMayode2019a las12:25

El régimen de trabajo agrario, en consonancia con lo dispuesto por el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima en el trabajo, prevé la prohibición de trabajar respecto de los menores de 16 años (artículo 54 de la Ley 26727).

Esta prohibición rige para todo tipo de tareas, formas de contratación, exista o no relación de empleo, y se trate de tareas gratuitas o remuneradas.

Una excepción a esta prohibición (artículo 58 de la Ley 26727) se presenta con relación a las tareas cumplidas por los menores en las explotaciones rurales donde sus padres o tutores son los titulares, siempre que el trabajo se cumpla bajo ciertas condiciones de legalidad y previa aprobación de la autoridad administrativa del trabajo de la correspondiente jurisdicción.

No obstante, se excluye de esta excepción el supuesto en que la explotación de la que fuere titular el padre, madre o tutor del menor se encuentre subordinada económicamente o hubiere sido contratada o proveedora de otra empresa, explica la Dra. Marina Simondegui, especialista laboral de Arizmendi.

En este sentido, el artículo 58 de la ley fija una jornada de trabajo reducida (no debe superar las 3 horas diarias y las 15 horas semanales), limita el trabajo al cumplimiento de tareas ligeras o livianas, prohíbe que los menores sean ocupados en actividades riesgosas, peligrosas o insalubres y exige el cumplimiento de la asistencia escolar.

Trabajo adolescente

Por otro lado, el artículo 55 de la Ley 26727 regula el trabajo adolescente, es decir aquél cumplido por los menores de entre 16 y 18 años de edad, quienes pueden celebrar un contrato de trabajo con la autorización de sus padres, responsables o tutores. Es decir, la ley permite la contratación de menores pero limita la misma al cumplimiento de ciertos requisitos.

Teniendo como fin la protección del trabajador adolescente, el artículo 56 impone al empleador que, al contratar a trabajadores adolescentes, se requiera la presentación de un certificado médico extendido por un servicio de salud pública que acredite su aptitud para el trabajo y se los someta a reconocimientos médicos periódicos. Además, según el artículo 57, el empleador debe solicitar al trabajador adolescente o a sus representantes legales el certificado de escolaridad previsto en el artículo 29 de la Ley 26206, respecto del cumplimiento de la educación secundaria.

En cuanto a la jornada de trabajo, el artículo 59 dispone que la misma solo puede ser diurna o vespertina, encontrándose prohibido el trabajo adolescente en horario nocturno, es decir entre las 20 horas de un día y las 5 horas del día siguiente. La extensión de la jornada no puede superar las 6 horas diarias o las 7 horas en caso de distribución desigual y las 32 horas semanales, siendo inadmisible el trabajo en horas extraordinarias.

Por último, el artículo 62 de la Ley 26727 prohíbe la ocupación de menores de 18 años de edad en tareas peligrosas, insalubres o penosas. Por tal motivo, el artículo 63 establece que, en el caso que el trabajador adolescente sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se compruebe que la causa sea alguna de las tareas prohibidas o efectuada en condiciones que impliquen una infracción a los requisitos legales, se considerará que el accidente o la enfermedad es consecuencia de la acción u omisión del empleador en los términos de los artículo 1716 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Remuneraciones

En relación con la remuneración del trabajador menor de 18 años, el artículo 60 de la Ley 26727 dispone que por ninguna causa se le pueden abonar salarios inferiores a los que se fijan para el resto de los trabajadores agrarios, salvo el caso de las reducciones que correspondan en razón de la extensión de la jornada.

Sobre el tema en análisis cabe destacar que en el marco de los operativos de fiscalización sobre las condiciones laborales en los establecimientos rurales, realizadas por el RENATRE en febrero de 2019, se han detectado algunos casos de trabajo infantil en la actividad vivero-hortícola y presuntos casos de trata de personas en personas dedicados a la actividad agrícola.

 

Dichos establecimientos contaban con trabajadores en situación de vulnerabilidad que no se encontraban registrado, con malas condiciones de vivienda, ausencia de ropa de trabajo y elementos de protección. Asimismo, las condiciones de higiene no eran las adecuadas y en general el pago de los salarios era inferior a los fijados por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

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