Productores denuncian que, bajo el pretexto de la pandemia, se toman medidas que violentan derechos constitucionales

La entidad que nuclea a trabajadores de Córdoba, La Rioja, Catamarca y sur de San Luis, manifestó su profunda preocupación por el bloqueo de rutas, entre otras “medidas arbitrarias”.

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Productores denuncian que, bajo el pretexto de la pandemia, se toman medidas que violentan derechos constitucionales
07deSeptiembrede2020a las16:20

El conflicto para ingresar a San Luis por parte de productores y trabajadores cordobeses no cesa. Durante este domingo, los damnificados se manifestaron frente al paso interprovincial para hacer escuchar sus reclamos. 

Esta jornada se vio interrumpida cuando un grupo de policías de San Luis se hizo presente en el lugar. Se produjeron empujones, pero no pasó a mayores. Desde CARTEZ, una entidad que nuclea a Asociaciones de Productores y Sociedades Rurales de Córdoba, La Rioja, Catamarca y sur de San Luis, manifestaron su profunda preocupación sobre esta situación.

“Bajo el pretexto del escudo sanitario por la pandemia, se toman medidas arbitrarias que violentan derechos constitucionales, mientras la política sigue dándole prioridad a lo conveniente y se dejan en segundo plano las reales necesidades de la gente", señalaron desde la entidad.

CARTEZ, que está adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), comentó que las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos, que exceden al sector agropecuario, cuya actividad fue declarada esencial, porque los productores no tienen acceso a sus campos. Esta problemática también la sufren los ciudadanos de los pueblos limítrofes que no pueden trasladarse a sus puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos o asistir a familiares enfermos.

Ver también: Productores cordobeses cortaron el ingreso a San Luis

La entidad también apuntó contra el gobierno nacional que "intenta avanzar sobre derechos fundamentales, y cuyas actitudes ponen en riesgo la tan necesaria división de poderes en toda República, con decretos que socavan la actividad legislativa y con intromisiones en el ámbito judicial".

"El fallido intento de expropiación de una empresa privada, finalmente frenado tras un masivo banderazo en todo el país, y la decisión de impulsar una reforma judicial, que es cuanto menos inoportuna en el contexto que se está viviendo, son dos hechos puntuales que encienden luces de alarma", destacaron.

Los productores citan "la urgencia del Gobierno por aprobar una reforma judicial, que por su importancia e implicancias futuras requiere de profundos debates, consultas a las mentes más ilustradas en la materia y amplios consensos, deja la sensación de que la principal finalidad es consagrar la impunidad de hechos de corrupción y no a una mejora en el servicio de Justicia".

Cabe destacar que este conflicto por el paso interprovincial fue judicializado cuando la Sociedad Rural de Río Cuarto presentó un recurso ante la Justicia Federal. Luego se conoció que la Corte Suprema no daría lugar al reclamo de Córdoba y San Luis por el bloqueo de rutas.

En cuanto a la reforma judicial, apuntan contra el "oneroso impacto en una economía derrumbada: el país tendrá un costo adicional de 5.000 millones de pesos por año para sostener la nueva estructura".

"En cualquier sondeo de opinión pública, se observa que las prioridades de la gente pasan por otro lado: la economía (recuperar empresas y comercios que cerraron por la pandemia), el desempleo, el hambre, la indigencia, la inseguridad. Decenas de temas sensibles que no tienen nada que ver con avanzar sobre la propiedad privada o reformar la Justicia", agregaron.

Pospandemia

Desde CARTEZ señalaron que el resto de los países marcan un rumbo para la reactivación de la economía pospandemia: rebaja de impuestos, subsidios a la producción y a los sectores más castigados, créditos a tasa cero o muy accesibles, entre otras medidas de promoción. “Nuestros gobernantes están ocupados en generar nuevos impuestos en un país récord en la materia, que tiene alrededor de 170 tributaciones distintas, al tiempo que se restringe al sector productivo el acceso a líneas especiales de crédito”, aseguraron desde la entidad.

En este sentido, argumentaron que esta receta desalienta la producción y el progreso, cercenando los recursos de quienes apuestan y trabajan por el país, y minando la posibilidad de generar empleo. “Señores dirigentes, señores políticos ¡Basta! Es hora de gobernar de cara a la gente”, concluyeron.

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