Promoción: no se soluciona con aranceles compulsivos

26deMayode2000a las08:18

Escribe Horacio Delguy

Presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN)

Algunos legisladores, funcionarios y dirigentes persisten en el intento deinstalar, ya sea en la Legislatura, en la Secretaría de Agricultura, endiversos ámbitos gubernamentales y ante la opinión pública, la necesidad deaplicar aranceles, costos operativos e impuestos específicos para solucionarproblemas de toda índole.

Si nos referimos puntualmente a las crisis productivas de las carnes y de loslácteos, propugnan que la solución -a nuestro juicio equivocada- debe pasarpor instaurar aranceles compulsivos para financiar la promoción de esos rubros.

La implementación de ese sistema significaría introducir nuevasimposiciones que se suman a las actuales tarifas de peajes, a los aportesdestinados a la lucha contra la cotorra, a las contribuciones destinadas aconsorcios canaleros para obras hidráulicas, a las tasas municipales para elcuidado de los caminos rurales, a los aranceles operativos para implementarplanes sanitarios especiales y a las guías de traslado de ganado, entre otros.En suma, aportes compulsivos que en muchos casos sostienen por ley, decreto oresolución, estructuras burocráticas que fagocitan la casi totalidad de losrecursos así recaudados en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los másque producen los bienes.

Los dirigentes políticos y sectoriales no tienen el mandato suficiente comopara meter la mano en el bolsillo de sus representados, obligándolos afinanciar actividades que la Constitución nacional, Rentas Generales y elsistema tributario vigente en nuestro país tienen (o deberían tener) previsto.

El Impuesto a las Ganancias (hasta 35%) y a los intereses, el que afecta alos Bienes Personales (1%), el aplicado por el IVA a todos los consumidores(21%), el Impuesto a la Renta Presunta y el aplicado a los combustibles, sumadosa los que gravan los Ingresos Brutos e Inmuebles provinciales, entre tantosotros, deberían ser más que suficientes, no sólo para garantizar elfuncionamiento de los estamentos gubernamentales, y la seguridad, la salud y laeducación que merece una sociedad democrática, sino también para aplicar laspolíticas de desarrollo de la producción en todos sus aspectos, incluidos elsanitario (SENASA), el científico y tecnológico (INTA), y el comercial yproductivo (precios sostén, subvenciones y promociones).

Democracia y participación son conceptos inseparables. Su práctica efectivaimplica acceder a la legitimidad que otorga el consenso. Pero, en el ámbitoagropecuario, procedimientos de consulta inapropiados, discriminatorios ylimitados a la intervención de unos pocos funcionarios y legisladores, junto aun grupo reducido de dirigentes y entidades que, sin lugar a dudas, norepresentan a todos los involucrados, cierran un círculo no virtuoso deilegitimidad o, al menos, de representatividad parcial y menguada.

La defensa de los reales derechos e intereses de los productoresagropecuarios de nuestro país reside en un sinnúmero de entidades, muchas deellas no convocadas y ausentes en el momento de las opiniones y el debateconstructivo. Esta realidad, y ante las actuales circunstancias de crisis yemergencia que afronta el agro, confirman la imperiosa necesidad de consultar,en tiempo y forma, para las diversas problemáticas que se presentan, además delas llamadas entidades tradicionales, a todas las entidades de productoresrurales sin distinción alguna: al Frente Agropecuario Nacional, al MovimientoNacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, a la Confederación General de laProducción, a los tamberos, a los productores de carnes, fruticultores,floricultores y horticultores, a los tabacaleros, yerbateros y algodoneros, alos productores forestables y criadores de cerdos, a los arroceros y maniseros ya todos los productores autoconvocados por situaciones específicas.

De aprobarse los actuales proyectos de promoción de car

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