Perjudica a entidades tasa de Justicia

15deAgostode2000a las08:13

Escriben Carlos Hubert y Guillermo MacLoughlin Bréard de la Sociedad RuralArgentina

Una vez por año, desde 1978, la entonces Inspección General de PersonasJurídicas, hoy Inspección General de Justicia (IGJ), cobra una tasa anual alas sociedades por acciones, en retribución de servicios prestados, de acuerdoa lo dispuesto por el Decreto 1.547/78. Desde entonces, a través de sucesivasnormas -algunas de las cuales fueron de dudosa constitucionalidad-, el organismode contralor ha ido modificando los valores a ser abonados por las referidassociedades, siempre sobre el cálculo del capital suscripto, y con montosresultantes de una magnitud razonable.

Sin embargo, a partir del dictado del Decreto 360/95, se inició unasituación conflictiva que hoy, lejos de solucionarse, se ha agravado aun más.

En efecto, el referido Decreto 360, del 14 de marzo de 1995, introdujonumerosos cambios que podemos resumir en los siguientes:

a) Que ante su irracionalidad -hubo aumentos que oscilaron entre 2.600% deincremento y más de 6.000%- quedó al desnudo que el sistema de percepción dela tasa anual de la IGJ no tuviera sustento constitucional, ya que ni la LeyOrgánica Nº 22.315 ni ninguna otra disposición expresa del Congreso Nacionalautorizaba su percepción.

b) Se cambió la base imponible, agregándole al capital de la sociedad, queera la base anterior de imposición, los ajustes de capital.

c) Esto provocó que una presunta tasa retributiva de servicios (algocuestionable, ya que la mayoría de los servicios de la IGJ son arancelados envirtud al convenio entre los colegios de Abogados, Escribanos y de CienciasEconómicas) se transformara en un impuesto más sobre el patrimonio.

d) Ese nuevo impuesto de 1% sobre el monto imponible, con un máximo de $3.000, se transformó en confiscatorio para las sociedades chicas y, en muchoscasos, imposible de cumplir.

e) Para las explotaciones agropecuarias equivale a la cuarta imposiciónsobre la tierra, ya que la misma está gravada por las también «TasasMunicipales», el Impuesto Inmobiliario Rural, y el Impuesto a la GananciaMínima Presunta o equivalentes de acuerdo al momento (Activos, Patrimonio,Bienes Personales, etc.)

f) Se pretendió aplicar un régimen de cobranzas y ejecuciones propia delSistema Tributario. (Ley Nº 11.683.)

g) Se impidió la realización de trámites ante la IGJ de todas lassociedades que estuvieran en mora en el cumplimiento de las tasas.

h) Hasta la sanción de este decreto el pago de las tasas se efectuó sinningún sobresalto, ya que al ser la base imponible solamente el capital de lassociedades que no se modificaba en una economía inflacionaria, los montosresultantes eran razonables.

A consecuencia de este abuso del ente de contralor, diversas entidadesempresarias y particulares recurrieron a la Justicia, la que declaró lainconstitucionalidad de la norma, por arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta.

Conflictos

El Decreto 67/96, posteriormente dictado, atenuó en algo las irregularidadesaludidas, pero siguió el conflicto. Ante el grave incumplimiento del régimen,la IGJ se ve obligada a sancionar por Decreto 1.103/99 un régimen deregularización, que por las condiciones impuestas no tuvo el éxito esperado.

Dicho régimen, reglamentado por la Resolución Nº 5/99 del 12 de octubre de1999, si bien tenía una gran dosis de razonabilidad, imponía, entre otrascosas la renuncia a todos los reclamos por las irregularidades apuntadas, y laaceptación del régimen cuestionado, sin corregir las graves deficiencias defondo del sistema. En este estado de la situación, es sancionada laDisposición Administrativa Nº 55/00 de fecha 18 de mayo pasado, por medio dela cual y fundándose en la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente dePresupuesto, y la Ley de Presupuesto Nº 25.237 pretenden sanear el sistema,aumentando nuevamente los montos a pagar anualmente por las so

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