La herencia del Fondo Monetario, para el próximo gobierno

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04deOctubrede2002a las08:15

Está casi listo el borrador de la carta de intención que el equipo argentino negocia en Washington con el FMI, en la que el organismo incluyó varias exigencias que no son de cumplimiento inmediato, sino que será el próximo gobierno el que deberá completar la tarea que dejaría preparada el gobierno de Eduardo Duhalde. No sólo en materia fiscal, plano en el que el organismo exige el rescate total de los bonos cuasi monedas a lo largo del 2003 además del cumplimiento de las metas de déficit fiscal, sino también en el plano financiero y legislativo los sucesores de Duhalde y de Lavagna tendrán importantes reformas que llevar adelante.

La cuestión del corralito y los depósitos reprogramados pasó ya a segundo plano, en parte debido a la evolución favorable del mercado a partir de la posibilidad de retirar entre $7.000 y $10.000 de los fondos reprogramados en el corralón. El texto del eventual acuerdo no contempla medidas ni fechas específicas para el levantamiento de las restricciones, aunque sí una mención de que, en la medida que continúe la recuperación de los depósitos registrada en los últimos meses, se deberán eliminar todas las barreras para la libre disponibilidad de fondos de parte de los ahorristas.

En contrapartida, el saneamiento del sistema financiero se convirtió en uno de los principales tópicos. El centro de la cuestión pasa por la reconversión de los bancos públicos. El Fondo Monetario exige la capitalización del Banco Nación y el Provincia, una vez determinada su viabilidad y el nuevo rol que cumplirán.

Se prevé que en el marco del acuerdo, el Banco Mundial podría otorgar fondos por u$s2.000 M para sanear los bancos, pero sólo una parte menor de esa cifra se desembolsaría en los próximos seis meses para cumplir con las condiciones iniciales: exigencia sine qua non será que queden alcanzados por la jurisdicción del Banco Central.

El paso siguiente será la contratación de una consultora internacional con la aprobación del BM que lleve adelante no sólo una auditoría de las entidades sino también un estudio de mercado para definir el rol y las características que deberán tener los bancos. Es decir, si se dedicarán a la banca transaccional, si se convertirán en entidades de segundo piso, si se unificarán bajo el llamado Banco Federal o si, como propone Lavagna, alcanzará con que un porcentaje minoritario del capital accionario cotice en la Bolsa. Como sea, la concreción de cualquiera de estos planes quedará a cargo de la gestión que asuma en mayo del 2003.

El FMI, además, también presionó por agregar en la carta de intención dos reformas legales que generarán un fuerte debate el próximo año. Antes de diciembre, el Gobierno deberá presentar al Congreso un proyecto de ley de indemnidad para el directorio del Banco Central. No exige una aprobación inmediata, pero ésta debería producirse antes de diciembre del próximo año. Lo mismo con la reforma a la Ley de Entidades Financieras, para otorgarle mayor poder de intervención al BCRA.

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