Las tarifas tienen vía libre

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08deOctubrede2002a las08:10

El meneado aumento de las tarifas de electricidad y de gas podría ser puesto en marcha la semana próxima, de prosperar un mecanismo establecido en los marcos regulatorios para esas actividades al que le daría cabida el Ministerio de Economía.

Es que las empresas distribuidoras y transportadoras podrán reclamar, en el caso de las eléctricas al amparo de la ley 24.065 y en el de las gasíferas por la 24.076, la aplicación de los artículos 46, 47 y 48, que contemplan situaciones de emergencia que tornaran impracticable la continuidad plena del principio de la vigencia de tarifas “justas razonables” para los concesionarios y licenciatarios de las prestaciones.

Este virtual “pase de la pelota” a las empresas sería la forma más expeditiva para resolver la cuestión, habida cuenta del intríngulis jurídico en que cayeron las convocatorias de audiencias públicas que debían debatir los ajustes tarifarios.

Si bien las empresas se habían negado a ser ellas las que quedaran expuestas a proponer los aumentos cuando la situación de desequilibrio partió del Estado, habría un guiño desde Economía para avanzar por este atajo, dijeron a INFOBAE fuentes del sector en las negociaciones.

Economía podría autorizar los incrementos tarifarios la semana próxima. Sin embargo, las fuentes consultadas recalcaron que seguirá en pie la tarifa social, de modo de no hacer recaer en los usuarios residenciales de menores recursos el peso del ajuste. En estas categorías se encuentran la mayoría de los clientes.

Lo que está en juego es el efecto que tuvo la devaluación y pesificación de la economía sobre las empresas de servicios públicos.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, había marcado en una entrevista con este diario que se hace necesario un ajuste en las tarifas de modo de evitar, en caso contrario, un deterioro en la calidad del servicio en “60 o 90 días”, según calculó.

Las trabas opuestas por la Justicia a las audiencias públicas obligaron al Gobierno a explorar otros mecanismos. Durante el fin de semana se evaluó una convocatoria a través de los entes reguladores. Pero ayer surgió la alternativa de pedir las propuestas a las empresas en base al articulado de los marcos regulatorios, lo cual sería la vía elegida.

En ese contexto legal parcialmente ratificatorio de las legislaciones y normativas vigentes para los sectores eléctrico y gasífero marcaría con la aprobación final que se reserva Economía el comienzo de un sendero de progresivas subas en las tarifas públicas cuya recuperación plena tendría efecto, en el mejor de los casos, en un plazo de 24 a 36 meses, siempre que la reactivación económica lo haga permisible.

Economía también evalúa que el daño en las prestaciones de no aplicar aumentos tarifarios también podría impactar en una hipotética recuperación de la actividad. Otros sectores del Gobierno, no obstante, consideran que no es posible la aplicación de un aumento de tarifas y que el presidente Eduardo Duhalde no autorizará un ajuste en las tarifas.

La recuperación de los ingresos tarifarios en la luz y el gas así como en el agua ahora verá desandarse en los próximos días un primer escalón y correrá por cuenta del próximo gobierno la renegociación plena de los contratos.

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