Suspenden hasta febrero los remates hipotecarios

12deNoviembrede2002a las08:18

Las cámaras que agrupan a las principales entidades financieras del país aceptaron ayer un pedido del Gobierno para prorrogar "voluntariamente y por 75 días" la suspensión que rige para tramitar ante la Justicia las ejecuciones de las garantías hipotecarias por créditos impagos.

Según el compromiso sellado ayer, ningún deudor bancario alcanzado por el paraguas protector que a fines de enero pasado les otorgó la ley de emergencia pública (y su posterior prórroga) podrá ser ejecutado hasta el 1° de febrero de 2003, ya que el plazo que promocionaron incorpora como beneficio la tradicional feria judicial que deja inactivos los tribunales durante enero.

Así quedará abierto hasta esa fecha un período de negociaciones con los deudores que, según la estimación del Gobierno y los bancos, permitirá que muchos de ellos puedan arribar a acuerdos de pago o refinanciación y evitar la expropiación.

El anuncio lo realizaron el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, los que se presentaron ante la prensa acompañados por los máximos directivos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y su par de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), Mario Vicens y Carlos Heller, respectivamente. Los funcionarios se preocuparon por recalcar que el acuerdo para la extensión del plazo llegó en "forma voluntaria", tal vez deseosos de que la aclaración llegue a los oídos de las autoridades del Fondo Monetario Internacional y evite que tomen la medida como una nueva piedra en el camino del demorado acuerdo.

El Poder Ejecutivo había anunciado la semana pasada que prorrogaría por decreto y por 30 días las ejecuciones, en respuesta a una iniciativa del Congreso de sancionar por ley una extensión de 180 días.

Horas después el propio Lavagna echó por tierra esa salida, que había sido anunciada públicamente por Atanasof, tras convencerse de que una nueva postergación sólo entorpecería las negociaciones con el FMI. Fue entonces cuando estableció los primeros contactos oficiosos con los banqueros en busca de una prórroga consensuada.

En esas charlas que prepararon el terreno para el encuentro de ayer le fue mejor con las autoridades de Abappra, la cámara en la que se referencian los bancos públicos y privados nacionales, que con las de ABA, la entidad que agrupa a casi todos los extranjeros. Pero ayer los representados por Vicens, tras dejar sentadas sus objeciones en privado ("teníamos diferencias", admitió luego) allanaron el camino para un acuerdo tras comprender que su posición quedaba en minoría y los exponía ante la opinión pública. "La aceptamos para contribuir a normalizar la relación con los clientes y recuperar el mercado del crédito", admitió luego Vicens.

Sin embargo, el acuerdo anunciado no satisface a los legisladores que insistirían en su idea de consagrar la prórroga por ley, de manera de no dejar desprotegidos a los deudores no bancarios que enfrenten la misma situación (ver aparte). Aunque hoy, desde las 13, cuando se reúna con los miembros de la Comisión de Economía del Senado, Atanasof intentará hacerlos cambiar de idea para no agregar un nuevo ruido en las negociaciones con el Fondo. En el Gobierno admitían ayer ese desamparo. Pero Lavagna dijo estar confiado en que el espíritu que impulsó el pacto con los bancos "predomine también entre los privados".

Según la explicación oficial, la nueva prórroga busca ganar tiempo "para que una mejoría en la capacidad de pago de los tomadores de crédito ayude a la refinanciación". Además, se acordó efectuar durante ese lapso un relevamiento detallado del universo de deudores en condición de ser ejecutados ya que tanto en el Gobierno como en los bancos consideran que los datos que circularon sobre la cantidad de afectados están "fuertemente sobreestimados".

"Las asociaciones de banc

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