La Corte cerraría el camino a devolver depósitos con bonos

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29deNoviembrede2002a las08:22

En estado de alarma, el Gobierno desplegó ayer una fuerte ofensiva sobre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, no ya para frenar el fallo contra la pesificación de los depósitos, que a esta altura se da por descontado, sino para morigerar el dictamen.

Enterados del detalle del voto del ministro Carlos Fayt del 24 de noviembre, en la acción de amparo de María Esther Beratz, que no sólo declara la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos sino que cierra las puertas a una reedición de un Plan Bonex como el aplicado en la década del ’90, el Gobierno envió varios emisarios a los despachos de los jueces del alto tribunal con la misión de lograr un fallo que deje abierta una posibilidad distinta del caos. Busca que los otros cuatro jueces que también votarían en contra de la pesificación -Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López- no se sumen al voto de Fayt sino que se redacte un fallo “menos duro”.

Ocurre que el problema que plantea la redolarización de los depósitos tiene su contrapartida en una eventual marcha atrás de los préstamos pesificados ya que, de acuerdo con el voto de Fayt, se declara la invalidez inconstitucional de la legislación de emergencia en materia financiera. Esto es, básicamente, el decreto 214 que estableció la conversión a pesos del sistema financiero.

La redolarización de créditos, sostiene un sector del Gobierno, se evitaría con un plan de bonos compulsivos en el que el Estado y los bancos se repartirían los costos con el objetivo de no dar marcha atrás con la pesificación de los créditos. Sin embargo, tampoco un nuevo Plan Bonex parece tener hoy respaldo suficiente en la Corte. Los cinco jueces que se pronunciarían en favor de la despesificación coinciden en hacer hincapié en la intangibilidad de los depósitos. Fayt aclara, además, que no es aplicable a las circunstancias actuales el antecedente del caso Peralta, entre otros motivos, porque las medidas tomadas por el Gobierno implican una quita de al menos 50%, lo que ya se considera “confiscatorio”.

En este contexto, el presidente Eduardo Duhalde pidió ayer a la Corte que tratara la cuestión “con mucho equilibrio” e insistió en que “tenemos que ser muy prudentes todos, y cuando digo todos me refiero a los poderes del Estado y a la gente en general”.

El Presidente admitió que lo que más le preocupa es qué va a pasar con los créditos, si se redolarizan los depósitos. “Quiero aclarar que los que le deben al sistema financiero son cerca de ocho millones de argentinos, por lo que éste es un tema muy complejo. La Argentina está saliendo del pozo y todos tenemos que ser muy prudentes”, insistió Duhalde.

Desde Economía, en tanto, aseguraron que no se avalarán medidas compulsivas, lo que motivó la inmediata visita de banqueros al secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. En ese encuentro, se analizó en detalle el voto de Fayt, que se teme se convierta en el fallo definitivo. El pronunciamiento del magistrado establece lo siguiente: “Reconocido el derecho a percibir en la misma moneda o su equivalente en pesos la cantidad depositada, corresponde (...) determinar el modo de ejecución de la sentencia. Tratándose de varios miles de demandas dirigidas contra un número reducido de entidades bancarias, éstas deberán dar un pronto y razonable inicio al cumplimiento del mandato judicial. Los jueces de grado podrán otorgar un plazo para el cumplimiento íntegro de la obligación cuando existan razones atendibles para otorgar una espera”. Se deberá considerar, dice Fayt, la situación particular del ahorrista, el monto, la protección cautelar ya obtenida y la conducta del banco para dar cumplimiento.

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