Preocupa a economistas el aumento de la deuda

La mayor parte de los economistas consultados por LA NACION consideraron que el dictamen es al menos un paso hacia el ordenamiento del sistema financiero, aunque lamentaron el inevitable mayor endeudamiento público que generaría una emisión de bonos para compensar la diferencia entre los montos pesificados y su reconocimiento en dólares.

Para el director del CEMA, Carlos Rodríguez, el fallo "pone algo de orden en una situación caótica; ahora sabemos que la Justicia está del lado de la defensa del derecho de propiedad". Para el economista, a partir de ahora habrá que tomar dos medidas: compensar a los afectados y generar sanciones para que nunca más se produzcan actos inconstitucionales, "porque acá el concepto de la emergencia permitió violaciones a la propiedad que es un derecho constitucional".

Rodríguez opinó que el bono que se disponga para compensar a los depositantes debería tener igual prioridad de pago que otros títulos existentes.

Julio Piekarz, ex gerente general del Banco Central, sostuvo que un camino posible sería que el bono de compensación lo reciban los deudores y que ellos, a medida que vayan cobrando del Estado, les vayan pagando a los bancos, previo a acordar un plazo de pago que sea absorbible para el Tesoro. "Redolarizar es una medida correcta, pero debe ser acompañada de una resolución viable; este costo lo pagamos todos con impuestos futuros", consideró el economista.

Para Jorge Vasconcelos, analista del Ieral, la medida exterioriza el aumento de la deuda pública, que ya venía creciendo silenciosamente "porque por cada dólar que se sacaba por un recurso de amparo, anotaban una acreencia con el Estado". Vasconcelos también advirtió que algunos jueces podrían interpretar que esto alcanza a los préstamos garantizados, que es deuda pública que fue pesificada y sobre la que también pesan reclamos judiciales.

Hacia el futuro

"La declaración de inconstitucionalidad protege hacia el futuro; esto va a frenar intentos de licuación de los ahorros", apuntó Orlando Ferreres, quien consideró que "esto no tiene consecuencias prácticas, porque se otorgan 60 días para acordar y si no, el caso pasa a la Corte, que también puede tomarse su tiempo".

El economista opinó que Lavagna debería hacer lo que ya vino haciendo: "ir aplazando las grandes decisiones, porque el Gobierno es de transición, y las próximas elecciones abren un abanico de posibles escenarios".

En tanto, para Manuel Solanet "el fallo es positivo y confirma el derecho de propiedad de los ahorristas, y además genera un antecedente que apunta a mejorar la seguridad jurídica de los depositantes".

El economista que coordina los equipos de Ricardo López Murphy, agregó que "este fallo se refiere al caso de San Luis, y pide al Gobierno que negocie la forma de devolverlo. Esto va a permitir que se encuentrecierta flexibilidad en los tiempos de devolución de los depósitos bancarios que faciliten el cumplimiento desde el punto de vista monetario y fiscal".