Unidad económica, una traba que impide salir de los condominios

Eugenio Previgliano (*)

Recibimos de los agrimensores a menudo solicitudes para dividir campos en la provincia de Santa Fe y no son pocas las sorpresas cuando aquellos propietarios que poseen un campo en condominio se enteran de las condiciones que la provincia exige para dividir estos campos suelen determinar una prohibición de la operación.

Una llamada ley de "unidad económica" (ley 9319 y modificatorias) impone la indivisión en la gran mayoría de estos casos. En efecto, con un alambicado razonamiento economicista, la normativa impone una superficie mínima para los lotes rurales que casi siempre es mayor que el tamaño que en general tienen estas propiedades, en aras de resguardar que el tamaño de la parcela garantice su rendimiento (¿es que hay alguien en esta provincia que compra un campo que no le sea redituable?).

Para estos casos de lotes pequeños y "no rentables" exige la ley la realización de una "pericia agronómica" que no es más que la determinación, a partir de una serie de conjeturas, de un rendimiento que el Ministerio de Agricultura fija a partir de su propio relato sobre la agroeconomía.

De este modo, realizando este trámite paralelamente a la división del lote, se puede, e ciertos caso, acceder a la plena propiedad de una fracción menor a la que la "unidad económica" propone como fija.

Esta horrible política de administración del territorio se cristalizó en una "ley" de facto en los últimos días de la dictadura militar y lleva el indeleble sello de aquel pasado de desencuentros. No es necesario ser un especialista o experto en administración para advertir que un sistema que tiende a la concentración del recurso en pocas manos pocas virtudes puede mostrar.

Es un secreto a voces que todo lo que dependa del arbitrio de uno o más funcionarios es estéril fuente de sospecha para los suspicaces y un punto débil para un Estado democrático.


Seguridad jurídica
Muchos piensan, hablando de este régimen de administración del territorio, que cristalizar situaciones de condominio entre quienes preferirían convertirse en propietarios de una fracción del campo que coposeen, atenta contra la seguridad jurídica, y aún más, que no debería el Estado provincial tener injerencia en asuntos vinculados con la propiedad privada cuando no media el interés común.

Tampoco aflojan las críticas a la hora de hablar de las consecuencia