Exportadores en la mira de la Afip

Mientras el Gobierno procura avanzar en la instrumentación del plan antievasión, esta semana se produjo un nuevo encontronazo entre la Afip y el sector agropecuario.

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18deJuliode2003a las08:09

cpetroli@lavozdelinterior.com.ar

Mientras el Gobierno procura avanzar en la instrumentación del plan antievasión, esta semana se produjo un nuevo encontronazo entre la Afip y el sector agropecuario.

El chisporroteo provino de los números y las acusaciones de Alberto Abad hacia las compañías exportadoras de granos, que luego salieron a contestar con sus propias cifras desde el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara).

Según la Afip, las cerealeras, que exportan por más de 10 mil millones de dólares anuales, sólo pagaron 19 millones de dólares de impuestos a las ganancias en los últimos cinco años, apenas un 0,08 por ciento de su facturación. En presencia de contadores, Abad reiteró sus denuncias sobre la existencia de maniobras con firmas fantasmas, triangulación de exportaciones y operaciones por medio de las cuales el Estado “está perdiendo mucha recaudación”. Y apuntó al núcleo de las siete mayores exportadoras del sector (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, AGD, Pecom-Agra, Vicentin), que pagarían impuestos “significativamente por debajo de lo que lo hace la media de las empresas en la Argentina”.

Por su lado, las cerealeras replican que en el transcurso de 2002 las empresas agrupadas en Ciara y el CEC pagaron al fisco aproximadamente 150 millones de dólares en concepto de impuesto a las ganancias.

Más allá de la controversia sobre los números, las cámaras hicieron público que comparten la necesidad de instrumentar políticas oficiales destinadas a combatir la evasión en todos los sectores de la economía. “En este sentido es necesario subrayar que el sector agroexportador es hoy el más controlado en materia impositiva”, dicen las cámaras mientras ofrecen ejemplos: sus operaciones de compra son auditadas sin excepción por la Afip; sus operaciones de venta se realizan mediante declaraciones juradas con fecha cierta y a precios diarios fijados por la Secretaría de Agricultura. Además, el 100 por ciento del ingreso de divisas es monitoreado por el Banco Central y los embarques son inspeccionados por la Dirección General de Aduanas.

La ofensiva oficial contra la evasión en el segmento agrícola baraja un instrumento muy controvertido para el mercado: la reforma propuesta estipula que la exportación deberá pagar el impuesto a las ganancias de acuerdo al precio vigente en el momento del embarque, en lugar del de fijación de la operación, como ocurre hasta ahora.

Ayer, la Sociedad Rural Argentina se pronunció con un enfático rechazo al proyecto que califica como un “nuevo atropello” a la producción.

Una de las consecuencias, advirtió la SRA, será la anulación en la práctica de la operatoria del comercio de futuros de granos. Y señala que si los exportadores y los productores no podrán concretar operaciones futuras a un precio cierto, ambos se verán privados de una fuente posible de financiamiento en momentos en que el crédito está prácticamente ausente.

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