Se complica aplicar el revalúo rural en 2004

El Gobierno de Córdoba evalúa diferentes alternativas para que la actualización del valor fiscal de los inmuebles rurales rija a partir de 2004 y por ende, impacte en la recaudación del inmobiliario rural.

19deAgostode2003a las08:37

Por Laura González / De nuestra Redacción

El Gobierno de Córdoba evalúa diferentes alternativas para que la actualización del valor fiscal de los inmuebles rurales rija a partir de 2004 y por ende, impacte en la recaudación del inmobiliario rural.

La Secretaría de Agricultura determinó que el plazo máximo necesario para efectuar el revalúo es de 120 días hábiles. Este “cursograma” tiene en cuenta el tiempo para convocar a las entidades y la posibilidad de recurrir las decisiones. Aunque el llamado para la conformación de los juris (el sistema para concertar valuaciones fiscales) ya está preparado, es técnicamente imposible terminarlo para el ejercicio fiscal de 2004, aún cuando en el Ministerio de Finanzas se trabaje a todo vapor. Los cedulones deben estar terminados a fines de noviembre y los nuevos valores fiscales no estarán determinados para esa fecha.

Pero la decisión del gobernador José Manuel de la Sota es la de avanzar en la actualización. “El último revalúo se hizo en 1992 y la ley indica que hay que hacerlo cada cinco años. La decisión está tomada, es una cuestión de equidad y de justicia”, le dijo a La Voz del Interior un colaborador directo del gobernador. Por eso es que se estudian diversas alternativas:

Prorrogar el vencimiento. La potestad de decidir las fechas de pago de los diferentes impuestos es del Poder Ejecutivo y se establece por decreto. Una posibilidad es que en lugar de fijarlo para febrero/marzo, como fue este año, se postergue para después de mayo, cuando los juris hayan terminado su tarea. Así, la Dirección de Rentas prorrogaría la impresión de los cedulones hasta que se actualicen las bases imponibles.

Aumentar la tasa vial. La tasa vial es un componente del inmobiliario rural que se destina al mantenimiento de caminos. De la Sota anticipó que los fondos extras que ingresen irán a los consorcios camineros o la entidad que los maneje. Entonces, podría aumentarse esa tasa y aplicar el revalúo en 2005. Las entidades agropecuarias son partidarias de esta propuesta (ver aparte).

El campo aporta casi 100 millones de pesos de los 172,4 millones que ingresan por el inmobiliario, que a su vez, representa el 17 por ciento de la recaudación propia de Córdoba.

El 80 por ciento de los productores pagó 2003 en una sola cuota. Esto revela, según el Gobierno, que existe una indiscutible capacidad contributiva, ya que el campo fue beneficiado con la mejora del tipo de cambio y por la suba de los precios internacionales de los granos.

Cómo se hará

El Estado tiene razones fiscales y de “justicia” para revaluar los inmuebles rurales. Trascendió que tras el reajuste, los ingresos podrían pasar de 100 millones a 180 millones anuales, aunque esos fondos extras irían a mantener la red caminera.

Pero al anticipo de cuánto se va a cobrar lo dio el propio gobernador hace unos días: “Si hay campos que pagan por 100 y valen mil, no digo que paguen por mil, pero al menos por 500”. Y efectivamente, hay zonas que tienen tales desfasajes: en Ischilín, por ejemplo, la base imposible por hectárea promedio es de 51,7 pesos, mientras que en el mercado se pagan alrededor de 1.500 dólares (4.380 pesos) por hectárea.

En el Gobierno diferencian valuación fiscal de base imponible. El primero es el valor de la tierra para el Estado y se supone que debe ser similar al valor de mercado. La base imponible es el valor de esa tierra cuando se tratar de cobrar el impuesto. El metro cuadrado en esta Capital puede tener un valor fiscal uniforme, pero la base imponible –sobre la que se calcula el impuesto– difiere si ese metro está en Urca o en Villa El Libertador.

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