Reacciones en cadena

La suba internacional de los precios agrícolas es tal vez el mejor contexto –o argumento– para que el Gobierno avance sin grandes resistencias en la reforma impositiva que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que apunta a asegurar un mejor cumplimiento del impuesto a las ganancias en las exportaciones de granos.

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22deAgostode2003a las09:03

La suba internacional de los precios agrícolas es tal vez el mejor contexto –o argumento– para que el Gobierno avance sin grandes resistencias en la reforma impositiva que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que apunta a asegurar un mejor cumplimiento del impuesto a las ganancias en las exportaciones de granos.

La medida, sin embargo, levantó una oleada de cuestionamientos desde que comenzó a gestarse cuando todavía Roberto Lavagna era ministro de Economía de Eduardo Duhalde, y Alberto Abad, el titular de la Afip, emprolijaba los borradores del plan antievasión.

Ahora, está en manos de los legisladores del Senado el broche definitivo o una eventual revisión de la norma, tal como reclaman los distintos estamentos de la producción y el comercio agrícola.

La cadena agroindustrial, en una solicitada publicada ayer en los diarios, lanzó una durísima crítica al proyecto oficial y apuntó que “bajo el velo de una mejor recaudación, se esconde una nueva retención”.

Aunque las entidades aclaran que comparten el objetivo del Gobierno de combatir la evasión impositiva en todos los sectores de la economía, en el caso de la nueva forma de liquidación del impuesto a las ganancias en las exportaciones de granos el resultado es distorsivo: implica, en realidad, la creación de un valor teórico de imposición al momento del embarque que atenta contra el normal desenvolvimiento de los mercados e introduce una carga adicional que operará como una nueva retención a las exportaciones.

“Esta insólita iniciativa altera seriamente el proceso de formación de precios en los mercados granarios y agrega un factor de incertidumbre, adverso a su imprescindible transparencia y eficiencia”, dicen las cámaras. Y mencionan una serie de consecuencias, como impacto sobre los precios, paralización del mercado de futuros, y desincentivo a producir en las áreas más alejadas de los puertos y donde ahora se asienta el aumento de la producción agrícola.

Los mismos cuestionamientos afloraron anteayer, durante el acto donde la Bolsa de Comercio de Rosario celebró su 119º aniversario. El titular de la entidad, Federico Boglione, dijo que calcular el impuesto tomando el precio a la fecha del embarque introducirá un notable nivel de incertidumbre en los costos de exportación, que forzará a vender al exterior en fechas próximas al momento del despacho. Según Boglione, las consecuencias que traerán estas modificaciones serán: caída de los precios que recibirá el productor (la Sociedad Rural Argentina habla de una pérdida de 10 dólares por tonelada); desaparición de los mercados de futuros nacionales, la alteración de la logística en el comercio interno, con una brutal concentración de las entregas, escasez de capacidad de almacenaje, falta de medios de transporte y congestionamiento de puertos, a lo que habrá que añadir la pérdida de confianza internacional sobre Argentina como proveedor.

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