Una ley que se demora

La necesidad de incluir al biodiesel y el bioetanol en la matriz energética nacional sigue esperando una ley que promueva y regule su producción y consumo.

25deAgostode2003a las08:24

Ctdor. Claudio Molina
 
 
La sanción de una ley nacional que promocione la investigación en materia de biocombustibles y óleo-química y regule su producción y comercialización, debe constituir uno de los pilares del desarrollo de un nuevo plan estratégico para la República Argentina.
 
 La referida ley, que se debate desde hace más de tres años en el Congreso, deberá coadyuvar a convertir las ventajas comparativas que posee nuestro país para la producción de biocombustibles, en ventajas competitivas.
 
 Más allá de coyunturas de precios relativos favorables para los biocombustibles —que eventualmente puedan registrarse a lo largo del tiempo— debe constituir una premisa básica la protección del medio ambiente.
 
 Los biocombustibles deberán competir en un mercado oligopólico, donde la materia prima principal -o sea el petróleo- existe de antemano. Por lo tanto, para lograr su desarrollo se requiere que el Estado suavice las asimetrías relativas con políticas activas. Es lo que han hecho los países desarrollados. Para evitar que los costos fiscales que el Estado deba asumir en el futuro se direccionen hacia personas que actúan fuera de la ley, debe crearse una autoridad de aplicación especializada, con la participación de todas las áreas de Estado involucradas.
 
 La normalización de la calidad facilitará la homologación del uso de biocombustibles en los motores, por parte de los fabricantes respectivos.
 
 La estabilidad fiscal es un instituto fundamental para atraer inversiones. Ha sido previsto en otros regímenes, como los de exploración minera, actividad forestal, energía eólica, por citar algunos. Se justifica por el hecho que al igual que en las actividades citadas, el período de maduración de las inversiones requeridas es extenso y la inestabilidad de los regímenes tributarios domésticos, absoluta.
 
 La no aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas para el caso de los biocombustibles, es necesaria, pero a la vez, indiscutible. Por un lado, aquél tributo representa, desde el punto de vista teórico, una imposición a la contaminación generada por las fuentes de energía fósil. Por el otro, su eventual aplicación a los biocombustibles, por la significatividad de su monto, representaría el definitivo archivo de cualquier política de promoción de éstos.
 
 Los consumidores no actúan colectivamente y más aún, en países como el nuestro, donde no se arraigó la conciencia ambiental. Por lo tanto, el precio de los biocombustibles no debe alejarse mucho del registrado para los combustibles convencionales. Considerando las diferencias promedio de costo que registran los biocombustibles con relación a los combustibles de origen fósil - al menos, en el corto y mediano plazo-, deben otorgarse incentivos fiscales significativos a la producción y comercialización de aquéllos, para disminuir las mismas y permitir la formación de un precio competitivo.
 
 El corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiesel y bioetanol respectivamente, constituye un excepcional instrumento para hacer realidad el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en el país. Es la forma de relativizar la variable precio, y representa -en el mediano plazo- una eficiente solución técnica y económica para que las compañías petroleras cumplimenten las crecientes restricciones en materia de normas de calidad de combustibles. Esta misma medida se registrará en los países centrales en los próximos años.
 
 Es destacable también que los proyectos de producción y comercialización de biocomb

Temas en esta nota