La Cámara de Apelación ratificó ajuste por inflación

Impuesto a las gananciaas.El fallo es en favor de un productor de Río Cuarto.

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17deOctubrede2003a las08:04

Corresponsalía

Río Cuarto. La Cámara Federal de Córdoba confirmó una medida cautelar del Juzgado Federal de Río Cuarto que permite a un productor agropecuario aplicar el ajuste por inflación en su liquidación del impuesto a las ganancias.

Se trata del caso particular de un agricultor que, de manera independiente, recurrió a la Justicia para evitar tener que tributar como ganancia, la revalorización que tuvieron sus bienes a raíz de la inflación.

El juez federal de Río Cuarto había hecho lugar a esta medida cautelar el 11 de junio y el expediente llegó a la Cámara Federal ante una apelación de la Afip. El fallo del tribunal cordobés confirma el criterio del juez de Río Cuarto, Luis Martínez, quien, por otra parte, dispuso medidas similares a favor de socios de la Sociedad Rural y el Centro Empresario local.

Delfor Maldonado, presidente de la Sociedad Rural, explicó que la resolución de la Cámara alcanza exclusivamente al accionante, pero implica un antecedente importante para el planteo de la Sociedad Rural. La entidad fue la primera que formuló un planteo de este tipo a la Justicia, en representación de sus 2.700 asociados. Curiosamente, el primer fallo del juez federal de Río Cuarto en favor de la Rural no fue apelado por la Afip y enseguida quedó firme.

Maldonado indicó que por estos días se realizan pericias para resolver la cuestión de fondo. Entre otras pruebas, los productores explicitan que aplicar el criterio de la Afip (es decir liquidar ganancias sin tener en cuenta la inflación) implica para los productores pagar hasta un 300 por ciento más de impuesto.

“Tenemos un muy buen antecedente jurisprudencial en la Cámara y si el caso llega a la Corte y se utiliza un criterio jurídico, creemos que se ratificará. Esperamos que no se falle con un criterio político, como es histórico en nuestro país. Nos parece que el actual Gobierno busca conformar su propia corte adicta”, expresó Maldonado.

Según explicó en su momento el secretario de Leyes Especiales de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, el juez consideró “razonable” y “prudente” hacer lugar a la medida cautelar y advirtió que, en el estado de crisis que vive el país, “no podemos dar el lujo de atacar a las fuentes productoras de ingresos por el doble efecto nocivo que provocaría, afectando al capital de la empresa y, por ende, la capacidad recaudatoria del fisco. Ello podría significar la repotenciación del daño”, afirmó.

Valentinuzzi también dijo que los derechos constitucionales de fondo que están en juego son el derecho a la protección de la legalidad tributaria, a la proporcionalidad del impuesto, a la no confiscabilidad de los bienes, el principio de igualdad, el derecho a la propiedad, entre otros.

La acción declarativa de certeza y el pedido de inconstitucionalidad presentados por los productores y empresarios apunta contra el artículo 39 de la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación del valor de los bienes. Desde la Sociedad Rural se estimó que esta norma podría perjudicar al campo en más de cuatro mil millones.

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