Las eléctricas criticaron la demora en discutir las tarifas

Se reunieron ayer con funcionarios de los ministerios de Economía y de Planificación. Insisten en que fueron perjudicadas por la ley de emergencia económica. Dijeron que el Estado debe definir cómo equilibrar la ecuación del negocio.

03deDiciembrede2003a las07:46

"Vamos a ver qué nos propone el Gobierno porque no venimos con culpa, sino con derechos." La definición, que marca una postura, es la que mantuvo el sector eléctrico del transporte y la distribución luego de la fugaz reunión de ayer con la Unidad de Renegociación de los Contratos de Concesión de Servicios Públicos (Uniren), integrada por funcionarios de los Ministerios de Economía y Planificación Federal. La otra postura que dejaron clara las compañías es que quieren discutir cuanto antes un ajuste de tarifas y criticaron las demoras que impone el Gobierno sobre este punto.

Cinco minutos bastaron para que el secretario de Energía, Daniel Cameron, y su subsecretario, Bautista Marcheschi, junto con los integrantes de la Uniren Eduardo Pérez, Carlos Lisandro Salas y Gustavo Simeonoff, entregaran las pautas para la renegociación y una agenda tentativa de temas. No hubo novedades porque el documento que distribuyó la Uniren es el mismo que la semana pasada recibieron las empresas distribuidoras y transportadoras de gas: se avanzará hasta que se formalice el acuerdo -previsto para el 6 de agosto próximo- en acuerdos parciales con las compañías y en la renegociación integral con el sector. El tope para la adecuación del marco normativo será el 28 de diciembre del año próximo, fecha prevista por la prorrogada ley de emergencia.

Las eléctricas no quieren que las "metan en la misma bolsa que a todas las privatizadas" porque "no tenemos inversiones comprometidas ni multas impagas". En los próximos meses, plantearán su situación particular en los encuentros que mantengan con el Gobierno, una por vez.

En las pautas está incorporado el reclamo de las compañías del sector: la determinación de un sendero de adecuación del equilibrio de los contratos. Pero este punto tiene diferentes lecturas, según el actor que hable: el Gobierno elude precisar si se trata de aumentos de tarifas; las empresas exigen que el ajuste sea el punto de partida.

Según coincidieron ante LA NACION empresarios que participaron del encuentro de ayer, la ley de emergencia económica prevé la instancia de renegociación para analizar qué efectos tuvo la pesificación de los contratos y el congelamiento de las tarifas.

"Es esto lo que hay que renegociar, porque una de las partes, el Estado, decidió modificar el contrato. Lo que hay que ver es cuánto me debe el Estado; de qué modo va a restablecer el equilibrio original de la ecuación económica del contrato que aún está vigente", consideró uno de los asistentes.

Críticas

Las críticas apuntaron a uno de los puntos del documento que establece que "mientras la situación externa e interna de la economía no haya superado los efectos de la crisis (...) y las principales variables no se encuentren dentro de los parámetros de normalidad (...), la readecuación de los contratos deberá prever el carácter dinámico del proceso".

Empresarios del sector calificaron este argumento de "precario" y "discrecional" y juzgaron que "abre las puertas para que se cambien, nuevamente, las reglas".

Las empresas, admitieron, no quiere firmar "un cheque en blanco". Esto es: ante la exigencia del Gobierno de retirar las demandas presentadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi), exigen "un sendero de adecuación tarifaria paulatina, progresiva y en un marco de respeto de la seguridad jurídica". Y dejan la puerta de la negociación abierta: "Todo es posible de común acuerdo".

En ese contexto, dejaron en claro qué puntos "no son negociables": el modelo vigente (que el Estado no intervenga en cuestiones de inversió

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