Kirchner pidió que la ley laboral sea derogada por el Congreso

El Gobierno descartó utilizar un decreto de necesidad y urgencia para anular la reforma sospechada del pago de coimas. Enviará un proyecto de ley consensuado, que sería tratado en febrero o marzo.

30deDiciembrede2003a las08:18

El Gobierno tomó ayer la decisión política de utilizar exclusivamente la vía del Congreso para anular, a través de una ley, la reforma laboral. Es la norma que está bajo sospecha de haber sido aprobada en la gestión de Fernando de la Rúa a través del pago de coimas a un número importante de senadores.

La derogación se haría en forma simultánea con la aprobación cambios puntuales en aspectos clave de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios.

La decisión la tomó ayer el presidente Néstor Kirchner, después de mantener reuniones con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En ese encuentro se adoptó también otra resolución: descartar definitivamente la idea de derogar la reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Además Kirchner decidió firmar el aumento de $ 50 para los trabajadores privados y la prórroga hasta marzo de la doble indemnización (ver Dan un aumeto de 50 pesos...).

Clarín confirmó estas decisiones en fuentes de la Casa Rosada, donde se informó que el nuevo proyecto de reforma laboral incluirá cambios en cinco puntos importantes de la legislación: el período de prueba; el monto de las indemnizaciones; los aportes patronales al sistema previsional; el mantenimiento de convenios viejos, y el alcance de convenios por actividad y por empresas.

El nuevo criterio oficial para todos los casos sería el siguiente: mejorar la protección de los trabajadores en esos cinco puntos, pero mantener los criterios no conflictivos de la ley aprobada en 2000 y ahora cuestionada.

Pero también se buscaría evitar volver a criterios muy inflexibles, alejados de las modalidades laborales más nuevas y modernas.

Así el Gobierno intenta ponerse a cubierto de posibles reparos entre los sectores empresarios y, también del Fondo Monetario Internacional.

Para que se discutan los cambios, el Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero.

Pero si la búsqueda de consenso lo exige, el envío del proyecto podría demorarse hasta las sesiones ordinarias, en marzo, aseguran en el Gobierno.

La intención política de la Rosada es buscar un acuerdo previo con las centrales sindicales (ya hubo consultas con las CGT y con la CTA) en torno de los puntos clave de la ley y lograr un consenso mínimo con las centrales empresarias, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina.

El tema ayer se trató también con los jefes de los bloques peronistas en el Congreso: el senador Miguel Picheto y el diputado José María Díaz Bancalari. Ambos legisladores apoyaron la iniciativa.

Las modificaciones más importantes a la legislación laboral estarían vinculadas a estos temas:

Período de prueba: la reforma del año 2000 amplió de 1 a 3 meses el plazo de prueba de los trabajadores, que podía estirarse hasta 6 meses. Al término de ese período los trabajadores podían ser despedidos sin cobrar indemnización. La intención ahora sería reducir ese período. Se evalúa volver a un mes o, como máximo, dejarlo en dos meses.

Indemnizaciones: la ley cuestionada reformó el sistema de pagos por despidos y bajó los montos. Ahora se los encarecería.

Ultraactividad: la reforma actual obliga a los sindicatos que tienen convenios prorrogados a renegociarlos en un plazo de dos años. Ese tema no está definido y sería uno de los puntos de negociación con el sindicalismo.

Alcance de los convenios: la actual ley permite que los convenios de ámbito menor prevalezcan sobre los superiores. Así los convenios de empresas —se hicieron muchos en los últimos años— y los region

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