Se busca agilizar operatoria de warrants para el campo.

La antigua ley de warrant Nº 9.643, sancionada en 1914 para cubrir una necesidad del comercio de la época, cumplió en un principio con su cometido. Pero el proceso inflacionario que se inició a mediados del siglo pasado determinó que el warrant fuera perdiendo interés como instrumento de garantía para financiar los procesos productivos y de comercialización. A este problema se le agregó el factor del control de precios que se aplicó en nuestra economía bajo diferentes gobiernos. Es decir, que cuando se daba uno de los dos factores -inflación o control de precios- guardar la mercadería no era negocio, y quien disponía de algún producto lo comercializaba rápidamente y convertía esos activos en bienes más seguros. Algunas producciones que necesariamente se tenían que comercializar durante todo el año en el mercado interno, como el azúcar u otras producciones específicas, lo siguieron usando con adaptaciones, pero el warrant dejó de ser una garantía privilegiada.

El resultado de estas políticas fue que en el interior del país no se construyeron silos de acopio importantes en manos de los productores, ni grandes galpones de almacenamiento de mercadería para warrantear, o algún otro tipo de depósito para poder separar la mercadería depositada como garantía del responsable de la comercialización.

Esta carencia se hizo evidente transcurridos unos años del inicio de la convertibilidad, cuando surgió la posibilidad de poner en funcionamiento los warrant ya que había estabilidad monetaria y los precios eran libres, lo que constituía un incentivo para especular con la mercadería, ya fuera para esperar un mejor precio o un flete más barato en el caso del sector agropecuario. Lo mismo ocurrió con los otros sectores, pero no todos tienen la estacionalidad del momento de cosecha que, por lo general, hace bajar los precios por la mayor oferta, como es el caso del sector agropecuario.