El agro sigue sin resolver su crisis de representatividad.

Mientras la Argentina agropecuaria no resuelva su crisis de representación ni recupere su fuerza gremial, además de contar con autoridades nacionales del sector sin actitudes autoritarias y discriminatorias, el tejido social del interior continuará siendo presa fácil de políticas excluyentes y funcionales a unos pocos intereses económicos que detentan el poder de decisión real en su provecho.

Muchas mujeres y hombres de campo consideran que el sector no tiene genuina fuerza en su representación y que persiste la dependencia de funcionarios que no contemplan la idea de bregar por un territorio ocupado por muchos productores agropecuarios con sentido de recuperación de la integración espacial, económica y social del país.

Estas condiciones conducen hacia sistemas productivos dependientes de unos pocos que, desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras, manejan sectores estratégicos monopólicos o cartelizados de la economía, marcan a los dirigentes y funcionarios la agenda de los reclamos y ocultan al campo como territorio nacional.

Poco importa la pérdida de cultura productiva y la destrucción de un modo de vida que los países desarrollados se esfuerzan en preservar. Se toman decisiones sin importar si con ellas se expulsa y desarraiga productores, menos aún si se desnacionaliza y concentra la economía y la propiedad del suelo, del agua y del subsuelo.