Prorrogan un incentivo para el empleo

Ya avanzado el mes de julio, el Poder Ejecutivo dispuso prorrogar la vigencia de una medida que había caído el 31 de diciembre del año último y repuso así un beneficio fiscal para las empresas que incrementen sus dotaciones de personal. De esta manera, la medida es tomada cuando ya transcurrió más de la mitad del tiempo del período que se dispone para su vigor.

El decreto 1066, publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, establece que sigue en pie, durante todo 2008, la rebaja de las contribuciones patronales prevista para empresas de hasta 80 trabajadores que contraten nuevo personal. La reducción de las cargas es, en general, de un tercio, en tanto que se eleva a la mitad cuando se trate de relaciones laborales que involucran a beneficiarios de planes sociales.

La rebaja no es permanente sino que rige hasta el primer año de cada contratación laboral; a partir de allí se pagan las cargas normalmente. Como la prórroga se decide ahora, pero con vigencia desde enero, eso provocará la generación de créditos fiscales en favor de las empresas.

El beneficio había sido dispuesto por la ley 25.877, de reforma laboral, para estar vigente durante el año 2004. Luego hubo sucesivas prórrogas. La última fue firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Para acceder a las rebajas existen condiciones. Una de ellas es que la nómina de empleados no debe mostrar una caída respecto de enero de 2004 y otra es que las contrataciones deben realizarse bajo el amparo de la ley de contrato de trabajo, el régimen de empleo rural o el de la construcción. El beneficio no está vigente para las relaciones de trabajo eventuales. Están incluidas en esta política las empresas nuevas, siempre que no superen los 80 trabajadores. Además de esa limitación en cuanto a las dotaciones, las firmas deben tener una facturación anual no mayor a $ 10,8 millones en la actividad agropecuaria, $ 43,2 millones en la industria, $ 86,4 millones en el comercio y $ 21,6 millones en los servicios.

Las contribuciones patronales sujetas a estos descuentos son las destinadas a financiar el sistema jubilatorio, el PAMI, el fondo nacional del empleo y el régimen de asignaciones familiares. En cambio, la ley original dispone que no se podrán alterar "las contribuciones a las obras sociales".

Por el peso que tienen las cargas sociales sobre las que se aplica el beneficio, el ahorro estimado sobre el costo laboral total (salarios más contribuciones) es de entre el 5 y el 6% según la actividad, en el caso de la rebaja de un tercio, y de entre el 7,6 y el 9% en los contratos en los que se aplica una reducción a la mitad.

Según los abogados del estudio García Pérez Boiani & Asociados, esta medida "tardía pero no por ello despreciable", reconoce las dificultades existentes en la economía para mantener un ritmo de creación de empleos elevado, y constituye, además, una admisión de la importancia del impacto del costo laboral sobre la generación de puestos. Los abogados sostienen que, al estar fijándose la vigencia de las rebajas para los contratos iniciados desde el 1° de enero último y hasta el 31 de diciembre próximo, se generan créditos fiscales a favor de quienes dieron empleo durante los últimos seis meses y medio.

En los considerandos de la prórroga se dice que el beneficio ha demostrado ser "una herramienta de utilidad para alentar y coadyuvar a la incorporación, debidamente registrada, de trabajadoras y trabajadores desocupados al mercado de trabajo formal".

Por Silvia Stang.