De tan móviles, las retenciones ahora son un flan

Mientras festejaban en la madrugada, los dirigentes ruralistas especulaban con un llamado del Gobierno para dialogar.

17deJuliode2008a las07:39

Aunque el dramático desenlace en el Senado no interrumpe la vigencia del esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández instauró por resolución en marzo pasado, la derrota legislativa y política del proyecto oficial transformó en un verdadero flan el dispositivo fiscal con que el Gobierno de la Nación había calculado, allá por marzo último, recaudar entre 2.000 y 3.500 millones de dólares adicionales.

Súbitamente, el desafío del agro es evitar que su victoria se transforme en una derrota definitiva de la todavía joven administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, impedir la consumación de la lógica que el propio oficialismo imprimió a la durísima confrontación. En lo legal, las retenciones móviles quedaron expuestas ya no sólo a una rebelión, sino a una abierta desobediencia fiscal.

Tras el rechazo del Congreso, es muy probable que la Justicia comience a emitir fallos sobre la inconstitucionalidad de las retenciones fijadas por resolución. Anoche mismo, mientras saltaban, festejaban y vivaban al vicepresidente Julio Cobos, los dirigentes del sector agropecuario empezaban a especular con un llamado del Gobierno para sentarse a negociar una nueva política agropecuaria, pero con una relación de fuerzas invertida respecto a la que había en el nacimiento del conflicto.

Si bien el cálculo recaudatorio realizado por el oficialismo ya había sido agujereado por las concesiones que el oficialismo debió hacer para conseguir la media sanción de Diputados (según los propios testimonios oficiales, la recaudación adicional se estimaba últimamente en 1.200 millones de dólares, menos 800 millones de compensación, lo que dejaba un neto de apenas 400 millones) las cuentas ahora serán más desfavorables, y no sólo en lo fiscal. El campo está, no obstante, obligado a jugar un rol constructivo para no generar un vacío legal que congele el mercado agropecuario y provoque nuevos y más problemas.

Hoy por hoy, las retenciones siguen vigentes con las alícuotas establecidas en la Resolución 125 y modificadas apenas cosméticamente por la Resolución 64. En cambio, el sistema de “compensaciones” ya no rige, con lo que objetivamente el peso fiscal sobre las exportaciones agrícolas es, en este momento, mayor del que sería si se hubiera aprobado el proyecto oficial.

Ese proyecto que impulsaban las autoridades nacionales establecían la retroactividad de las compensaciones, aunque del otro lado le ponía fecha fija de expiración –el 31 de octubre– para apurar las decisiones de venta.

Pero si bien ése es es el fundamento más inmediato para que el campo busque acordar con el Gobierno un estatus diferente del actual, no es el único. El otro es tener referencias ciertas para las decisiones de setiembre/octubre, cuando comience la siembra de soja y girasol.

El peor error del sector agropecuario sería creer que la de anoche fue una victoria “definitiva”. Mario Llambías intentó un gesto de magnanimidad al declarar, al respecto, que la decisión de Cobos significaba “un triunfo para el país”. Anoche mismo, el senador radical Gerardo Morales comenzó a exigir la derogación de la Resolución 125. Al 11 de julio, el sector de oleaginosas y exportadores de cereales agrupado en la Cámara de la Industria Aceitera y en el Centro de Exportadores de Cereales había informado liquidación de divisas de exportación por 12.190 millones de dólares, una cifra bastante superior a la de igual plazo de 2007 e incluso de todo 2006. Ese “milagro” se sustentaba en los altísimos precios internacionales. Un acuerdo entre el campo y el Gobierno podría darle sumarle la fuerza de una producción y comercialización normalizadas.

Sergio Serr

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