Prosperarían los amparos en la Justicia

Varios jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo estarían dispuestos a declarar la inconstitucionalidad de la resolución 125/08 si los productores presentan amparos que lo reclamen.

18deJuliode2008a las07:41

Fallos de ese tipo, cabe presumir, podrían contar con el aval de la Corte: no hay que olvidar que, como reveló LA NACION semanas atrás, fueron las firmes señales que dio el máximo tribunal a la presidenta Cristina Kirchner en contra de la validez de esa resolución las que motivaron al Poder Ejecutivo a enviar el proyecto de ley al Congreso nacional. Ayer, en el tribunal se notaba cierta satisfacción por la evolución democrática del conflicto.

Los productores rurales reclamaron al Gobierno que derogue la controvertida resolución, pero, por ahora, la administración de Cristina Kirchner parece decidida a mantener su vigencia.

El Poder Judicial preferiría una decisión política, pero si se presentan amparos, los jueces verían pocos obstáculos para avanzar contra la resolución. Si ya antes de la decisión del Senado había serios reparos constitucionales contra la validez de la resolución, pocos dudan de ello después del rechazo del Senado.

Hace algo más de un mes, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland resolvió que esa medida, que estableció las retenciones móviles, fue ilegítima porque el Congreso no puede delegar esa atribución en el Poder Ejecutivo.

"Si el Congreso hubiese aprobado la ley de retenciones, las alícuotas sólo hubieran podido atacarse por confiscatorias. Pero ahora las cosas siguen siendo como estaban hasta ese momento, y es de imaginar que los productores concentrarán sus ataques en la ilegitimidad de la medida", coincidieron en señalar varios integrantes del fuero contencioso administrativo consultados por LA NACION.

Una atribución en riesgo
Es más: en la Justicia, algunos jueces creen que la resolución directamente ya perdió vigencia. Si el Poder Ejecutivo envió la resolución al Congreso para que la ratificara y el Senado no lo hizo, debe entenderse que la resolución quedó derogada. En la Corte Suprema no todos piensan así, pero hay quienes sostienen ese criterio.

Los constitucionalistas tienen una visión distinta. "El hecho de que el Senado no haya aprobado la ley no significa que la resolución 125 haya quedado derogada. La resolución sólo puede ser derogada por otra medida igual, por un decreto o por una ley", dijo Gregorio Badeni. En el mismo sentido se pronuncia su colega Alberto García Lema.

De todas maneras, sea que la resolución no sea válida o no esté vigente, si el Gobierno insiste en cobrar retenciones, el productor o el exportador sólo tiene un camino: deberá ir a la Justicia para reclamarle que declare alguna de esas situaciones. Sólo así se podrá negar a pagar retenciones.

El debate legal, sin embargo, no se agota allí, pues tiene otro costado, vinculado con la atribución del Poder Ejecutivo de establecer retenciones por vía de decreto. La decisión del Senado de no aprobar el proyecto de ley no sólo significó que no está dispuesto a convalidar la citada resolución, como preveía el artículo 1° del proyecto, sino que también importó rechazar el artículo 2° de la iniciativa.

En ese artículo del proyecto de ley rechazado el Gobierno pretendió que el Congreso ratificase la delegación de atribuciones del Poder Legislativo en el Ejecutivo para establecer retenciones, que hizo el Código Aduanero. Este parece referirse tan sólo a las retenciones agropecuarias, por cierto, pero el Gobierno se arriesgó a jugar muy fuerte y obtener, también, la ratificación de esa delegación. Ahora, esa jugada puede ser considera un error.

Si el Senado rechazó el proyecto de ley, "puede entenderse no sólo que rechazó la ratificación de la resolución 125, sino también que quedó derogada esa delegación de atribuciones para que el Poder Ejecu

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