La Oncca reclamó otros u$s 1800 millones retroactivos a exportación de oleaginosas

En una medida que derrumbó los precios locales de soja y trigo, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) emitió ayer una resolución –1898, publicada en Boletín Oficial– para cobrar más retenciones de modo retroactivo.

Por
25deJuliode2008a las07:21

La oficina que conduce Ricardo Echegaray detectó casi 18 millones de toneladas declaradas antes del aumento de las retenciones fijas (por ejemplo, del 27,5 al 35% en soja), y en virtud de la aplicación retroactiva que indica la llamada Ley Martínez Raymonda, estas exportaciones originaron una diferencia de casi u$s 1800 millones a favor del Estado.

La resolución, anticipada el 3 de julio por El Cronista, y que se suma a los u$s 649 millones aplicados a los porotos de soja, afectó a los exportadores Aceitera General Deheza, Nidera, Bunge, Cargill, Molinos y Louis Dreyfus, entre otros. Hubo pérdidas de cotización en soja (u$s 9,5 menos), trigo (- u$s 4,5) y maíz (-u$s 3,5).

“La reglamentación es absurda, porque cada vez que un exportador declara una venta, lo hace con soja que compró en el mercado de futuros y muy raramente con la que tiene en stock. En consecuencia, lo que declararon en octubre y noviembre del año pasado era de toneladas que comprarían a futuro”, señaló Mario Marincovich, presidente del Centro de Corredores y Agentes de Bolsas de Cereales.

La discusión de fondo que asoma es por la constitucionalidad de la Ley 26.351 (Martínez Raymonda), que obliga retroactivamente al 9 de noviembre a demostrar la compra del grano al momento de anotar la exportación. Los grandes exportadores analizan cuestionar judicialmente la retroactividad de la norma. En cuanto a la operatoria misma, se critica la reducción del tiempo entre la declaración jurada y la exportación de 365 a 45 días. “Es un grave error, porque en el mundo se opera a un año, buscando contratos que otorguen previsibilidad. El nuevo plazo nos desacopla del mundo, con lo que seremos un proveedor de segunda y nuestra producción valdrá menos”, indicó Marincovich.

Desde la Oncca, en tanto, no convalidan estos argumentos y se muestran preparados para una ofensiva judicial. “Si los exportadores cuestionan la Ley Martínez Raymonda, podemos frenar exportaciones, ponerles tope o sacar nuevas normas; no vamos a permitir la elusión fiscal”, advirtieron desde las cercanías de Echegaray. La discusión económica es si la base tributación (el precio) y la alícuota deben aplicarse al momento de la declaración jurada o del embarque exportador.

En la actualidad, los exportadores están obligados a declarar sus existencias de granos cada semana. Con respecto al cuestionamiento que harán a la retroactividad, en el Gobierno confían que “ningún juez se animará a entregarle u$s 2400 millones a los exportadores en desmedro del Estado. En los ’90 quizás hubiera sido posible, pero en esta época no hay margen para eso”. Si este optimismo resulta infundado, tienen otra carta bajo la manga: cambiar la Ley 21.453, que regula la exportación de productos agrícolas y fue promulgada durante la última dictadura militar. La ofensiva K apunta al artículo sexto, en el cual se permite aplicar los criterios impositivos “a la fecha de cierre de cada venta”. Desde la Oncca señalaron que “es un privilegio de los granos, que por ejemplo los productos industriales no tienen”.

Por Lucio Di Matteo.

Temas en esta nota

    Cargando...