El campo reclamará al Estado u$s 500 millones

Por ventas de granos con retenciones móviles.

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31deJuliode2008a las07:15

Apenas termine la exposición ganadera de Palermo, los ruralistas prevén comenzar a presentarse a la Justicia para reclamar al Estado la devolución de la diferencia de retenciones que pagaron en los últimos 4 meses por la venta de granos con las retenciones móviles.

Según cálculos que manejan en la Sociedad Rural (SRA), el reclamo de devolución puede llegar a u$s 500 millones. Pero puede ser superior, porque los pedidos que están listos para invadir los tribunales federales de todo el país no sólo contemplan la devolución del diferencial por todo lo que supere el 35% para la soja. En ese marco, las estrategias judiciales elaboradas por el agro apuntan a reclamar con medidas cautelares la confiscatoriedad de todo impuesto superior a 33%. Con eso, afirman, tienen buenas chances de recuperar el diferencial de retenciones por encima de las alícuotas vigentes hasta noviembre de 2007, cuando la soja tributaba 27,5%.

Desde SRA, se están ultimando los detalles de una demanda tipo para que los productores presenten ante la Justicia. La idea fue conversada con los integrantes de las otras entidades rurales (Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro), en el marco de la mesa de enlace. Sin embargo, de momento no había definido si esta estrategia será abrazada por todas.

La estrategia ideada por los equipos legales de SRA tiene tres patas centrales. Por un lado, plantea medidas cautelares apelando a la confiscatoriedad que el campo ve en el caso de las retenciones móviles. Desde sectores detractores, se descarta que la Justicia, en decisiones de fondo, vaya a avalar estas posturas, dado que los últimos antecedentes en ese sentido superan los 50 años.

La otra estrategia apela a la inconstitucionalidad de la fijación de retenciones, dado que aducen el Poder Ejecutivo no tiene facultades de fijar impuestos, sino que tiene que hacerlo el Congreso. Esa postura es ratificada aún cuando se esté vigente la Ley de Emergencia Económica, votada por el Parlamento.

Sobre la base de la inconstitucionalidad, el objetivo de máxima es llegar a la Corte Suprema de Justicia y los más entusiastas se esperanzan en que con un fallo favorable logre derribar todo el sistema de retenciones, desde 2002 a esta parte.

Para reforzar la vía judicial, los productores remitirán notas “bajo protesto” a la Aduana, en las que aclararán que sus actuales ventas se realizan condicionadas a la definición por parte de la Justicia sobre los planteos.

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