Siguen las trabas a las exportaciones

Fue categórico. Ricardo Echegaray, el hombre que por medio de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) decide qué exporta y qué no puede vender el campo, ratificó la controvertida resolución 543, una norma que se ha convertido en un freno para los negocios al introducir nuevos requisitos en la comercialización de granos. "Vino para quedarse", confirmó ayer ante un grupo de empresarios.

La resolución 543, firmada por el funcionario en mayo pasado, redujo a 45 días el plazo que debe mediar entre la autorización de la declaración jurada y la fecha de embarque de la mercadería, contra los 360 días con que se regía antes el mercado. Obliga a trabajar en plazos muy ajustados para negocios de mucha logística. Además, introdujo el ROE Verde, un mecanismo por el que deben inscribirse las operaciones, y creó una especie de "encaje" para los granos, por el cual antes de permitirse una exportación el Gobierno se asegura de que la empresa involucrada haya abastecido plenamente el mercado interno (el comprador debe demostrar la tenencia de la mercadería). En el fondo, la operación queda sujeta a la voluntad del organismo. Por el riesgo implícito, las empresas ya aplican descuentos de precios.

Ayer, durante una reunión con unas cien personas donde estuvieron representantes de las bolsas de cereales del país, corredores de granos, acopiadores, cooperativas de productores y los principales exportadores, Echegaray no anduvo con vueltas. "La resolución 543 vino para quedarse y no se va a modificar, por ahora", dijo el funcionario. Si bien el encuentro no fue programado para hablar específicamente de esta norma y sí de las compensaciones (Echegaray indicó que en 2008 los pagos al sector rondarán los $ 3400 millones, 140% más que el año pasado), de los errores que cometen las empresas al pedir los subsidios y sobre los trámites para la exportación y cómo agilizarlos, el tema se coló cuando alguno de los participantes intentó quejarse.

Reclamos
Pero Echegaray otra vez fue rápido de reflejos y lo cortó en seco. "No vamos a abrir un debate de opiniones; esto es para abordar cuestiones técnicas y operativas", dijo. La única frase que dejó algo de esperanza a los exportadores es que Echegaray señaló que no iba a haber cambios "por ahora", dejando quizás una puerta abierta. El organismo les reclama a los exportadores, además, US$ 1700 millones por supuestas retenciones mal liquidadas. Además, tiene en carpeta un proyecto para que mediante una ley los exportadores paguen retenciones por adelantado -es decir, cuando declaran la mercadería- y no cuando concretan una operación de embarque.

"El Gobierno no volvió a permitir la discusión sobre la 543 y sólo habló de hacer más eficientes los 45 días de plazo que menciona la norma, pero no acepta hablar sobre si los 45 días son poco o mucho", dijo ayer un exportador. Ricardo Forbes, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, advirtió que la resolución "no se compadece con los tiempos del comercio internacional". "Me pareció bien poder discutir las cosas técnicas, pero falta el ámbito político para debatir sobre la normativa", concluyó Forbes, en referencia a lo limitado del debate en torno de la resolución.

Por Fernando Bertello.