Siguen las trabas a las exportaciones

Fue categórico. Ricardo Echegaray, el hombre que por medio de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) decide qué exporta y qué no puede vender el campo, ratificó la controvertida resolución 543, una norma que se ha convertido en un freno para los negocios al introducir nuevos requisitos en la comercialización de granos. "Vino para quedarse", confirmó ayer ante un grupo de empresarios.

La resolución 543, firmada por el funcionario en mayo pasado, redujo a 45 días el plazo que debe mediar entre la autorización de la declaración jurada y la fecha de embarque de la mercadería, contra los 360 días con que se regía antes el mercado. Obliga a trabajar en plazos muy ajustados para negocios de mucha logística. Además, introdujo el ROE Verde, un mecanismo por el que deben inscribirse las operaciones, y creó una especie de "encaje" para los granos, por el cual antes de permitirse una exportación el Gobierno se asegura de que la empresa involucrada haya abastecido plenamente el mercado interno (el comprador debe demostrar la tenencia de la mercadería). En el fondo, la operación queda sujeta a la voluntad del organismo. Por el riesgo implícito, las empresas ya aplican descuentos de precios.