El BCRA acelera viejas causas por liquidación de divisas

Investigan demoras en ingresar los dólares de exportación durante la crisis de 2002

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12deAgostode2008a las07:33

El Banco Central se aprestaría a acusar penalmente a 5.000 empresas exportadoras de bienes y servicios, junto con sus presidentes y directores, por supuestos incumplimientros en los plazos y métodos para liquidar las divisas por operaciones de comercio exterior en los meses siguientes a la devaluación de 2002.

La legislación –estuvo suspendida durante la convertibilidad– permite aplicar sanciones de hasta diez veces el monto en infracción, inhabilitaciones y, en caso de reincidencia, incluso penas de prisión. Las multas se aplican solidariamente sobre las empresas y las personas físicas responsables.

Los sumarios se tramitan en el Banco Central, que debe después de los descargos decidir si eleva la causa al Juzgado en lo Penal Económico.

En plena crisis de 2002, fueron muchas las empresas que habrían cometido infracciones formales en plazos para liquidar divisas. El BCRA aceleró este año los sumarios porque la mayoría de los expedientes por hechos ocurridos en 2002 está por prescribir. “La prescripción es de seis años. El Banco Central está notificando a gran cantidad de empresas de la imputación por hechos ocurridos en 2002, pues la acusación interrumpe o evita la prescripción”, señaló Ramiro Salaber, socio del Estudio Durrieu.

“Las sanciones son graves. Muchas empresas habrían cometido diversas infracciones formales a partir del año 2002 (no ingresar las divisas, ingresarlas con los plazos vencidos, etc), pero no son pocas los casos en que ello ocurrió como consecuencia de la crisis y de los bruscos cambios en las nuevas normas que modificaban la forma de comercializar con el exterior”, indicó Salaber, y añadió que “algunas disposiciones iniciales, como los plazos para ingresar y liquidar las divisas, solían ser de muy difícil cumplimiento. Tan es así que luego los plazos fueron ampliados, situación que sirve de argumento de defensa, admitido por la jurisprudencia”, explicó el letrado.

Asimismo, dijo que es importante demostrar que muchas de las personas físicas acusadas –presidentes y directores de las sociedades– son ajenos a las imputaciones que les formula el Banco Central pues no son los encargados del seguimiento del ingreso y la liquidación de las divisas. Es fundamental tener en cuenta que, al tratarse de procesos de naturaleza penal, la responsabilidad es personal y subjetiva, como lo ha establecido la Corte Suprema”, subrayó.

Esta catarata de procesos cambiarios ya se vivió en décadas anteriores en virtud de las infracciones cometidas entre los años 1964 y 1991, cuando también existió un régimen de control de cambios.

Por Dolores Olveira.

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