Productores de soja argentinos, ahora complicados en Uruguay

El área sembrada con soja se multiplicó por 45 desde que comenzó la década, sobre todo de la mano de empresas argentinas. Ahora, el país quiere controlar el cultivo y cuidar el suelo.

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13deAgostode2008a las07:32

La producción de soja en Uruguay creció 45 veces en el último lustro, primordialmente impulsada por empresas argentinas que buscaron replicar en el país vecino el buen negocio local, aunque con mayor estabilidad jurídica y sin los gruesos derechos de exportación a los granos pagan por estas pampas. Así, de la mano de unas 30 o 40 agropecuarias argentinas de que se instalaron por cuenta propia, a través de vinculadas o en sociedad con firmas charrúas, entre las que sobresalen El Tejar, Los Grobo, Perez Companc, Adecoagro y MSU, la soja pasó de ser un cultivo absolutamente marginal en 2000, cuando abarcaba unas 10.000 hectáreas, a ser el principal, al ocupar unas 450.000 la última campaña. Y, según estimaciones, los argentinos son hoy responsables de unos dos tercios de la producción sojera uruguaya.

Esa expansión se hizo tanto por reemplazo de otros cultivos menos rentables, sobre todo en la zona agrícola tradicional del país (el litoral oeste), como de un aumento de las tierras destinadas a agricultura. Ello ocasionó problemas tanto de erosión de los suelos como de deterioro, ya que la soja extrae muchos nutrientes de la tierra.

Por eso ahora, sin declamaciones contra la sojización ni aumento de impuestos con el supuesto fin de detenerla, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo (MGAP) se propone implementar un plan de conservación de suelos, que incluirá un sistema de autorización previa a la siembra de soja para 2009. Así, si el Congreso avala la medida, quien quiera producir la oleaginosa, podrá hacerlo sólo si el gobierno uruguayo lo autoriza.

Todos de acuerdo

Llamativamente, las agropecuarias locales con operaciones del otro lado del charco y los especialistas uruguayos consultados por El Cronista estuvieron de acuerdo con los términos generales de la decisión.

Sin embargo, temen por su implementación. “La cuestión ambiental con la agricultura es un gran tema, mucho más serio que Botnia, que es más fácil de controlar. Por caso, el Ministerio (de Agricultura) reglamentó que no se fumigue a menos de cierta distancia de los cursos de agua, pero ¿cómo puede saber si se cumple la medida?”, señaló un especialista uruguayo.

“Nuestra empresa está a favor de cualquier medida que cuide el medio ambiente”, dijeron desde una firma local que produce en Uruguay. “Lo que nos preocupa es cómo va a hacer el Ministerio para revisar los miles de planes de siembra que se van a presentar cada campaña, y para autorizarlos en tiempo y forma”, agregaron.

Desde otra agropecuaria local dijeron que la preocupación pasa más por la flexibilidad: “Uno arma un plan, pero después, una lluvia fuerte de más, un cambio brusco de precios de commodities o la falta de un insumo clave, pueden alterarlo. ¿Qué va a ocurrir en ese caso?”.

Miguel Carballal, presidente de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa (Ausid, entidad equivalente a la Aapresid argentina), le reconoció a este diario que, en coincidencia con el MGAP, “la intensificación y extensificación agrícola han traído serios problemas en algunas zonas”. Pero disiente en que, “con una siembra directa bien planteada, estamos apostando a cuidar el suelo. Hoy no se rota porque el 65% de la agricultura del país no la practican los propietarios, sino que está en manos de arrendatarios, que cierran contratos por un año, lo que lleva a cultivar sólo lo más rentable. El propietario debería ser corresponsable”.

En cualquier caso, lo interesante es que todos se están preparando para meter basa en el Congreso, cuando trate el tema. 

Por Alejandra Groba.

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