Reforman el régimen del trabajo rural

El Gobierno impulsará dos proyectos de ley para modificar los regímenes de trabajo en la actividad rural, por un lado, y en el servicio doméstico, por el otro. Será como parte de un plan, delineado por el Ministerio de Trabajo, tendiente a reformar las normativas laborales en sectores de alta informalidad. El primer paso fue dado días atrás, con el envío al Congreso de la propuesta referida al trabajo a domicilio, con la que se intenta que los talleristas textiles se transformen en pequeños empresarios y registren a los obreros como trabajadores bajo relación de dependencia.

En el caso de los otros dos sectores, no se conoce aún qué lineamientos tendrán las reformas. Según el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se buscará modernizar las regulaciones. Por de pronto, ya está en vigor la posibilidad de poner en marcha un nuevo sistema de financiamiento de la seguridad social para sectores de la actividad rural que se caracterizan por la alta rotación de personal. Días atrás, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de corresponsabilidad gremial, votada en junio por el Congreso: esa norma prevé que, por la firma de convenios entre entidades empresarias y sindicatos, se podrá disponer de un esquema que sustituya el pago de aportes y contribuciones sociales.

La norma reglamentaria estableció que el sistema sólo podrá ser adoptado por la actividad agropecuaria. La ley 26.377, por su redacción, permitía interpretar la posibilidad de extenderlo a otros rubros de la economía: antes de la votación, ese aspecto había provocado reclamos por parte de los legisladores de la oposición, por lo que el oficialismo prometió una ley correctiva. Esa aclaración sólo se hizo a través del decreto de reglamentación.

El nuevo sistema prevé que, al facturar y cobrar sus ventas, a los productores -que seguirán teniendo la obligación de declarar mensualmente la nómina de sus trabajadores- se les retenga un porcentaje o un monto fijo predeterminado, para ser destinado al pago de prestaciones de la seguridad social. Esto implica diferir el pago de esos conceptos para que se realice en el momento en que los empleadores reciben ingresos por la comercialización de sus productos. El dinero luego deberá ingresar en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del comprador, que se convierte en agente de retención. Entre las producciones agrícolas que quedarían alcanzadas por esos convenios se prevé que estén las del algodón y del tabaco.

Régimen de reparto
El régimen de corresponsabilidad había sido impulsado por la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (Uatre), en la que señalan que ayudará a un blanqueo laboral. Habrá un único cambio en cuanto a las prestaciones a las que tienen derecho los peones: sus aportes jubilatorios se derivarán siempre al régimen de reparto, sin libertad de opción para ir a capitalización. La tarifa fijada en reemplazo de los aportes y de las contribuciones deberá garantizar recursos para las jubilaciones, las asignaciones familiares, la obra social, la cobertura de seguros por riesgos del trabajo y el financiamiento del PAMI. La alícuota se definirá en cada acuerdo.