Buscan aumentar el control sobre el uso de plaguicidas

Tuvo media sanción la modificación la Ley sobre uso de agroquímicos.

10deSeptiembrede2008a las16:58

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por los legisladores del Frente para la Victoria José Allende y Jorge Kerz que apunta a modificar algunos de artículos de la Ley 6599, sobre uso de plaguicidas, con el objetivo de "adecuar" el marco jurídico de regulación a las técnicas y tecnologías actuales, y proteger al alumnado de las escuelas rurales.

La iniciativa mantiene, según sus autores, "la estructura vigente del complejo de normas regulatorias de la actividad en el entendimiento de que éste se encuentra socialmente incorporado por los actores involucrados en la comercialización, transporte, aplicación y manejo integral de productos agrotóxicos destinados a aplicación por medio de pulverizaciones".

No obstante, el proyecto de ley propone "una adaptación e incorporación de los principios preventivos contenidos en la legislación general del ambiente específicamente para el ámbito de los establecimientos rurales".

También se introducen "mejoras" en el régimen de notificaciones y alertas tempranas para el caso de los establecimientos educativos "a los efectos de que el director o personal responsable pueda implementar el plan de contingencia adecuado a las circunstancias".

El artículo 8 de la Ley, uno de los tres modificados, establece que toda persona que decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre "deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros y al ambiente" y avisar sobre la próxima fumigación, "en forma fehaciente, con 48 horas de anticipación, a los vecinos cercanos, juntas de gobierno, destacamentos policiales rurales y establecimientos educativos rurales".

Según pudo verificar El Enfiteuta en el texto del proyecto, los productores deberán notificar al destacamento policial de su jurisdicción, y serán los agentes policiales los encargados de transmitir la información al resto de los actores involucrados de manera tal que la población pueda tomar los recaudos necesarios antes de la pulverización.

El proyecto de ley, que ya fue girado a la Cámara alta provincial para su próximo debate, propone, además, que las escuelas sean incluidas en una "Zona de Resguardo Ambiental" determinada por una distancia de 50 metros a partir del perímetro catastral del establecimiento donde se prohíbe las aplicaciones.

Los diputados oficialistas destacaron en los fundamentos que la protección del alumnado rural que se pretende está en consonancia con la Convención sobre los derechos del niño, documento al que adhirió la Argentina con la sanción de la Ley 26.061, que establece en el artículo 21 el Derecho al Medio Ambiente, lo que implica que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

"Algunos directivos de escuelas rurales y agentes comunitarios transmitieron su preocupación porque los niños han sufrido o sufren exposiciones a múltiples agentes contaminantes que inciden sobre distintas patologías agudas y crónicas", argumentaron Allende y Kerz.

"Las fumigaciones convierten a las escuelas en sitios riesgosos para los menores, y en muchos caso se ha adoptado por el cierre de los establecimientos durante y después de la aplicación de los plaguicidas", agregaron los legisladores.

Según los fundamentos, "cada vez hay más pruebas de que la exposición prolongada a los pesticidas está asociada a efectos crónicos en la salud como alergias, broncoespasmos, malestares digestivos, lesiones en la piel, enfermedades en los ojos, cáncer y problemas neurológicos y reproductivos".

El artículo 14, que también fue modificado, propone que "las violaciones a la presente Ley y su reglamentación, serán penadas con multas que se determinan en unidades fijas denominadas UF, cada una de las cual

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