La ONCCA extenderá su control sobre todo el sector agropecuario

Una resolución de 57 páginas de extensión será el nuevo instrumento para presionar al sector agroalimentario. Con ella, la poderosa Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) obligará a prácticamente la totalidad de los operadores del sector, incluidos los productores, a obtener una matrícula que los habilite y renovarla todos los años, bajo amenaza de recibir severas sanciones en caso contrario.

La norma está a la firma del titular del organismo, Ricardo Echegaray, y fue cocinada al calor de las conversaciones que todos los días mantiene este funcionario con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Plantea la creación de un "Registro General de Operadores" para cuatro cadenas alimentarias: granos, carnes, lácteos y avícolas. Desde el Gobierno justifican al señalar que buscan detectar operaciones en negro. Del lado de los productores ven otras intenciones.

La nueva normativa, en rigor, cumple al dedillo con un viejo anhelo de Moreno: contar con información precisa sobre todas y cada una de las empresas que intervienen en el proceso de producción y comercio de alimentos. Y es que casi ningún sector escapará a la tarea de fiscalización de la ONCCA. Tal es la voracidad de información que hasta tendrán que anotarse en ese registro los propietarios de campos que los alquilan.

"Deberán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas que intervengan en la producción, transporte, industrialización, comercialización y cualquier actividad contemplada en la presente resolución de las cadenas comerciales agropecuarias y alimentarias", dice la Resolución. Tan abarcativa definición se transforma, con el correr de las páginas, en la certeza de que la ONCCA pretende disponer de un mapa de toda la producción agroalimentaria. La norma precisa uno por uno los operadores que deberán tramitar su inscripción y renovarla todos los años.

Y allí aparecen las sorpresas: transportistas, distribuidores, exportadores e importadores, productores rurales de toda índole, mercados de futuros, corredores de cereales, elevadores de granos, desmotadoras de algodón, plantas arroceras, dueños de campos arrendados, fábricas de cerveza y destilerías, laboratorios, balanzas públicas y hasta los peritos clasificadores. Todos deberán matricularse ante la ONCCA cumpliendo con severas exigencias, como estar al día con los impuestos y las obligaciones previsionales. Hasta las concesionarias que canjean autos por soja deberán hacerlo cuando la norma entre en vigencia.

La medida en ciernes promete aplicar severas sanciones a quienes no cumplan con el trámite. Según un especialista, esta situación abre la posibilidad de que se desate una catarata de juicios contra la ONCCA, debido a que este tipo de penalidades deben necesariamente ser definidas por el Congreso. Desde que se decretó su "autarquía", en 2005, este superorganismo no cuenta con una norma que defina ni su estructura ni sus funciones. Pese a ello, bendecida por el kirchnerismo, fue acaparando protagonismo: ahora no sólo controla la transparencia comercial sino que distribuye compensaciones por $ 4.000 millones.

Echegaray en otra resolución, que esquivó el Boletín Oficial, designó como "adjunto responsable" de la presidencia de la ONCCA a un hombre de su confianza, el contador Emilio Eyras, y le transfirió la "potestad" de firmar todo tipo de trámites en su ausencia. El problema es que Eyras no es empleado firmal del Estado sino que apenas contaría con un contrato. Por lo tanto, sus decisiones podrían fácilmente ser impugnadas ante la Justicia.

Por Matías Longoni.