Los ruralistas dirimen sus diferencias internas, pero trabajan a largo plazo

Hubo pase de facturas por desavenencias internas, pero también el compromiso de trabajar unidos en los temas de mediano y largo plazo. Y, al final, concluyeron en formular reclamos al Gobierno.

Esa fue la síntesis de la reunión que mantuvieron ayer los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que integran la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En primer lugar, se comprometieron a que cualquier diferencia sea debatida internamente antes de hacerla pública. Esto último se debe a un discurso del vicepresidente de CRA, Néstor Roulet, en una exposición rural en Santa Fe en la que se le atribuyó haber dicho que el campo, la Iglesia y el Ejército eran los pilares del país. Eso disparó un comunicado de repudio de entidades de base de la Federación Agraria que interpretaron que el discurso era antidemocrático. El propio Roulet aclaró que jamás reivindicó un golpe de Estado y que siempre defendió las instituciones democráticas.

Respecto de las políticas de mediano plazo, las entidades rurales se comprometieron a trabajar en la creación de un instituto de estudios económicos y políticos que sirva como apoyo a la tarea gremial. ?Eso demuestra que no hay interna entre las entidades?, dijo una fuente del ruralismo.

Durante la reunión también analizaron una propuesta para la lechería de un grupo de técnicos y especialistas del sector privado. El informe, denominado ?Plan estratégico para la cadena láctea argentina?, propone duplicar el actual volumen de producción del país para pasar de 9000 millones a 18.000 millones de litros anuales para abastecer tanto el mercado interno como los destinos de exportación. Y también procuran darle cada vez más valor agregado a la producción láctea. ?Con los objetivos estamos de acuerdo, nos falta ponernos de acuerdo en cómo hacerlo?, dijo una fuente de las entidades.

Respecto de los reclamos al Gobierno, el más importante fue el rechazo de los incrementos de los aranceles a las cartas de porte (documentos para certificar el transporte de granos) y la intención de quitarle a la FAA y a la Federación de Centros de Acopiadores la potestad de emitir estos certificados. ?No existen motivos de índole técnica o administrativa que justifiquen la modificación o erradicación de este servicio. Al contrario, tergiversar el mismo implicaría un gravísimo perjuicio a los productores y un deficiente control por parte del Estado?, sostuvo el comunicado de la Comisión de Enlace. Según los dirigentes, la semana pasada el director de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, expresó su intención de reemplazar el sistema por un trámite en Internet.

Los ruralistas rechazaron que el sistema actual no sirva para detectar eventuales casos de evasión, tal como se dice en las esferas oficiales. En el comunicado, recordaron que, ?a través de un moderno sistema de control en línea, el Estado, por medio de la AFIP [Administración Federal de Ingresos Públicos] monitorea en tiempo real el movimiento de la producción?.

El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, les pidió ayer audiencia a los secretarios generales de la CGT y la CTA, Hugo Moyano y Hugo Yasky, respectivamente, para alertarlos sobre los ?graves problemas laborales y la pérdida de centenares de puestos de trabajo, que acarreará el cambio en el sistema de carta de porte?. La entidad más afectada es la propia Federación Agraria, que en su red de delegaciones del interior tiene personal dedicado exclusivamente a la administración de estos trámites.