Advertencia del Gobierno a los senadores

Tomada dijo que si demoran en aprobar el proyecto de estatización de las AFJP, habrá un mayor impacto de la crisis financiera.

11deNoviembrede2008a las07:37

El Gobierno plasmó ayer en el Senado su nueva línea discursiva de cara al tramo final del debate sobre la estatización de la jubilación privada: cuánto más se demore en sancionar el proyecto, más fuerte impactará la crisis financiera mundial en la Argentina, y quienes no apoyan la iniciativa están con los "intereses concentrados" de la economía.

Esa fue la línea discursiva que trazó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ante las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, donde dijo, además, que con este proyecto el Poder Ejecutivo está evitando lo que, según su óptica, es el catastrófico futuro que le espera al sistema de jubilación de capitalización. "Hemos evitado un 2001 previsional", sentenció.

En su defensa de la propuesta oficialista, Tomada también se tomó su tiempo para responder a las críticas que hay desde algunos sectores de la oposición contra el Gobierno. "Cada vez que se presentan proyectos que vayan en otro sentido a los intereses concentrados, vamos a tener resistencia, con augurios de catástrofes que nunca ocurren y terminan con agravios personales", afirmó el ministro, en una frase que pareció dirigida a Elisa Carrió y su nueva embestida de denuncias judiciales contra la administración kirchnerista.

Junto a Tomada también asistió al Senado el director de la Anses, Amado Boudou, quien hizo hincapié en señalar las "promesas incumplidas" por el sistema de jubilación privada en los 14 años que lleva de existencia.

Las exposiciones de los funcionarios no sirvieron para convencer ni evacuar las dudas de la oposición, sino que, por el contrario, confirmaron algunas de sus sospechas. "Después de escuchar a Boudou, me queda claro que con este proyecto se han limpiado el capítulo de resguardo de inversiones que tenía la ley 24.241", afirmó el jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz (Mendoza).

En esa ley hay un título que reglamenta el sistema de capitalización y uno de sus artículos contiene los requisitos que deben cumplir las AFJP a la hora de decidir dónde y cómo invertir los aportes de sus afiliados. Una de esas condiciones es la consulta a las calificadoras de riesgo.

Sin embargo, Boudou aseguró que esos requisitos desaparecerán una vez sancionado el proyecto que impulsa el Gobierno. "No estamos de acuerdo en que sean las calificadoras de riesgo las que definan las inversiones, porque sería poner la discrecionalidad en otro lado", afirmó, y admitió luego que, tras la sanción de la ley, la Anses podrá administrar a su entera discreción los aportes de los trabajadores. Según Tomada, la decisión del Gobierno es volcarlos en "infraestructura, vivienda social y créditos a la producción". En otras palabras, irán a obra pública en el próximo año electoral.

"Lo grave de esto es que la principal calificadora de riesgo que establece la ley es el propio Banco Central", explicó Sanz. "Si el Banco Nación, que maneja una cartera de 82.000 millones de pesos tiene normas internas y una línea gerencial para manejar esos fondos, no se entiende que la Anses, cuya capacidad técnico-financiera es mucho menor y va a manejar un stock de 120.000 millones de pesos, no los tenga", agregó.

Justificación del apuro
Siempre en tono calmo, Tomada también defendió el apuro del Poder Ejecutivo por sancionar en los próximos diez días la sentencia de muerte de las AFJP. "La toma de decisiones en este terreno, para ser eficaz, tiene que ser pronta", dijo. Acto seguido, lanzó una clara advertencia dirigida a quienes se oponen a la iniciativa: "La crisis comenzó en el centro de la economía mundial y la va a sufrir todo el país, si no hacemos las cosas bien".

Por último, Tomada se permitió reprende

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