La Iglesia insiste en que el subsidio a niños pobres salga por una ley

La Iglesia no está dispuesta a resignarse y a aceptar que la asignación por hijo sin cobertura social que asumió el Gobierno sea el producto de un decreto. Ha decidido que bregará para que este mecanismo resulte de una ley que reconozca el derecho de todos los menores pobres a cobrarla. Y que de esa forma se pueda aventar cualquier duda de que la ayuda distribuida no es totalmente universal y es factible de ser usada con fines de clientelismo político.

La asignación por hijo fue una propuesta asumida este año por los cien obispos del país como una forma de paliar el grave cuadro social que observan. Pero el hecho de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la asumiera mediante un decreto -que, por otra parte, suscita interrogantes acerca de si será percibida, sin más, por todas las familias de escasos recursos- no permitió que la satisfacción del Episcopado sea completa y suscitó su insistencia en que se convierta en una auténtica política de Estado.

"Es cierto que con la decisión presidencial hubo un gran avance que celebramos porque millones de chicos recibirán una importante ayuda", puntualizó una fuente eclesiástica consultada por este diario. "Pero hace falta dar un paso más y animarse a buscar el consenso no sólo para asegurar su completo alcance, sino también para coincidir en el modo de financiarla", completó. Este pedido surge porque el hecho de que se la pague con fondos de la ANSES -o sea con los recursos destinados a financiar los haberes de los jubilados- como decidió la Presidenta suscita también controversia.

Adicionalmente, las fuentes de la Iglesia revelaron que también anhelan que la reforma política, que la semana pasada obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, sea fruto de "un amplio consenso".

En este caso, la reforma política es un objetivo que viene de más lejos que la discusión sobre la asignación universal para los niños pobres. Viene de la crisis de 2001, cuando la Iglesia tendió una mesa de diálogo y hubo un criterio extendido de que había que buscar mecanismos que mejoraran la representación política y la calidad institucional. En ese marco, hubo acuerdos básicos entre partidos y ONGs -las internas abiertas y simultáneas, la boleta única y el voto electrónico se contaron entre los más destacados- que fueron elevados al Poder Ejecutivo y nunca terminaron de prosperar.

Con todo, cada vez que tuvieron oportunidad, los obispos -y sobre su brazo laical, la comisión Justicia y Paz- recordaron que estaba pendiente aquel acuerdo. Pero siempre lo imaginaron como el producto de un amplio consenso. Por eso, no les agradó que un vasto sector de la oposición en la Cámara baja haya votado en contra del proyecto, pese a que se le hicieron muchos cambios. Tampoco, el apuro del Gobierno para sacarlo antes del 10 de diciembre, cuando perderá la mayoría en el Congreso.

De todas formas, no parece haber ánimo en la Iglesia para librar una batalla en estos temas, sino deslizar anhelos. Dos son las razones para el cuidado. Por un lado, porque se trata de temas de mucho voltaje político, lejanos a su competencia religiosa. Y por el otro, porque el país ya sufre demasiadas tensiones.

Por: Sergio Rubín.