Perú: reclaman por transgénicos
Una coalición de las más importantes agrupaciones de agricultores, científicos y gastrónomos de Perú reclama al Gobierno peruano que promulgue la moratoria de diez años para el ingreso de transgénicos en el país aprobada la semana pasada por el Congreso de la República.
PorEl Gobierno del presidente Alan García aprobó en abril un decreto para el ingreso inmediato de transgénicos en el país, lo que provocó un fuerte rechazo social en algunos sectores y generó un intenso debate social y político en uno de los países con más biodiversidad del mundo.
La presión social derivó en un debate en el Congreso de la República, que la semana pasada aprobó una moratoria de diez años para el ingreso de productos transgénicos con fines de cultivo y de crianza, pero a la que el Gobierno peruano presentó una serie de observaciones, entre ellas retrasar la entrada de transgénicos sólo cinco años.
La «Coalición de defensa de la biodiversidad, el agro, la salud y la gastronomía» anunció que estará en «acción permanente» hasta lograr que el Ejecutivo de García, que acabará su gestión el próximo 28 de este mes, apruebe retrasar la entrada de productos transgénicos en Perú para fines de cultivo y crianza. La coalición, que ve en los transgénicos una amenaza para la biodiversidad de Perú, rechazó las observaciones del Gobierno al texto por considerar que no están fundamentadas y sucumbir, dijo, a las presiones de importantes grupos económicos.
«Son observaciones carentes de fundamento técnico, sin argumentos y plagadas de falsedades típicamente políticas, que sólo obedecen a la imposición de transnacionales comerciales», señaló Flora Luna, representante de la Asociación Médica Peruana.
La plataforma, que exigió un correcto etiquetado de los productos transgénicos, prevé reunirse con el Gobierno entrante del nacionalista Ollanta Humala, quien anunció que derogaría el decreto de ingreso.
La promulgación del decreto el pasado mes de abril para autorizar la entrada inmediata de transgénicos provocó un fuerte rechazo social, ante lo que asociaciones agrarias y científicos crearon una plataforma en contra de la normativa.
El intenso debate social y político incluso acabó con la renuncia del entonces ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, criticado por supuestos intereses económicos en una empresa de pollos importadora de semillas transgénicas.
