Frenan la regulación al flete de granos

La Justicia de Córdoba concedió una medida cautelar a las empresas de camiones contra un decreto provincial que limita el margen de contratación entre transportistas y acopiadores.

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14deJuliode2011a las16:29

Una jueza provincial suspendió la aplicación de un decreto del Gobierno provincial que busca regular el transporte de cereales al limitar la libre contratación entre productores, acopiadores, camioneros y empresas de transporte.

El decreto 560, dictado este año luego de protestas realizadas por grupos de camioneros que exigían tarifas mínimas y una distribución corporativa de los fletes, fue suspendido por el juzgado 51 a cargo de la jueza Claudia Zalazar luego de que la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Córdoba (Cedac) y su entidad de federación, Fadeeac, interpusieran un recurso de amparo.

La suspensión constituye una medida cautelar y, como tal, no refiere a la cuestión de fondo. Cedac había cuestionado su constitucionalidad. Por ahora, la medida significa que las empresas que se dediquen al transporte de cereales entre las 500 asociadas a la cámara no tendrán que cumplir los requisitos del decreto. En un mes y medio, más o menos, el juzgado se expediría sobre la cuestión de fondo.

Ayer, Rolando Pérez, titular de Cedac, se mostró complacido. “Para nosotros este decreto soslayaba la competencia de la Nación, que es la que rige sobre normas de comercio. Tiene una cuestión extremadamente mala porque exige una registración provincial cuando ya existe un registro nacional que funciona muy bien y obligaba a empresas de otras provincias a registrarse también en Córdoba para poder cargar cereales”, indicó.

“Pero lo más grave es que pretenden intervenir en cuestiones comerciales. Una empresa, para poder cargar, tendría que ir al Centro de Registro de Datos de cada localidad, si existe, y esperar que allí le asignaran una carga. Nosotros reclamamos la libertad para contratar”, sostuvo.

En tanto, el subsecretario de Transporte de Córdoba, Edgar Pérez, explicó que, como recién ayer por la tarde recibieron la notificación judicial, los abogados de la Provincia recién están analizando qué hacer. De todos modos, Pérez consideró que, en principio, la resolución no tendrá demasiado impacto inmediato.

El decreto 560 siguió a otro que la Provincia había emitido, pero que nunca publicó y que avanzaba aun más en la regulación, ya que establecía condiciones tarifarias, algo que también reclamaban los camioneros favorables a la intervención estatal. Ese grupo estaba respaldado por la cámara que agrupa a transportistas de cereales, Fecotac.

Según Cedac, ese decreto no llegó a publicarse (y por ende a entrar en vigencia) porque la cámara le anticipó a la Provincia que la Justicia nunca lo admitiría como constitucional.

El planteo original de quienes reclamaban el decreto es que los camioneros más chicos están operando en condiciones de nula rentabilidad. Por eso exigían tarifas mínimas y que los acopiadores de cereales fueran obligados de algún modo a contratarles una porción determinada de viajes.

La discusión se da sobre un mercado muy importante en Córdoba. Se calcula que en la provincia hay más de 10 mil camiones cerealeros. Algunos son de empresas grandes y chicas nucleadas en Cedac; otros se agrupan en Fecotac. Además, hay más de 260 acopiadores de cereales, de todo tipo.

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