Insisten con proyecto para limitar el uso de agroquímicos

La pérdida de estado parlamentario de la iniciativa generó una inmediata reacción de diversas entidades ambientalistas y de algunos sectores políticos que consideran de vital importancia regular la fumigación con productos tóxicos en cercanías a los cascos urbanos y cursos de agua para preservar la salud de la población.

El texto, en principio, es idéntico al ya conocido salvo que la autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción.

Con respecto a las restricciones, se determina que los productos de “banda roja” (mayor peligrosidad) no podrán usarse a menos de 3.000 metros del límite de las plantas urbanas, denominado “línea agronómica”, y los de “banda amarilla” (mediana peligrosidad) a menos de 1.000, mientras que se fijó en 200 metros para los de “banda verde” (poco peligrosos).

Al glifosato, que tiene marbete verde, se lo trató por separado imponiéndosele un límite de 500 metros para pulverizaciones terrestres y 1.000 para aeroaplicaciones.

Esa medida está fundada en el “principio precautorio”, por el cual un juez de San Jorge, Tristán Martínez, prohibió su uso a menos de 800 metros del límite urbano de dicha ciudad.

Con este argumento también se autorizó al Poder Ejecutivo a recategorizar toxicológicamente a algunos productos o su exclusión de la nómina de productos autorizados, a pesar de que es el Senasa el organismo específico que tipifica la toxicidad a nivel nacional.

Zabalza justificó volver a discutir el proyecto porque “hay un problema político” donde los legisladores santafesinos tienen que ir generando “condiciones para jerarquizar la producción y las condiciones para los productores pero también jerarquizar la salud humana y ambiental”.

Tal es así que además del manejo de agroquímicos la norma en cuestión prohíbe la siembra en las banquinas de las rutas santafesinas, la fumigación de cargas en camiones y vagones, y también el almacenaje de agrotóxicos dentro de plantas urbanas, consignó el diario UNO de Santa Fe.

La realidad de las cosas es que no hay fitosanitarios inocuos, esto lo revela el informe de la Universidad Nacional del Litoral. Esto no significa ir contra los productores, significa ir avanzado en la reformulación de algunas cosas que existen hoy en el campo de la realidad (estudios científicos), pero que es necesario que asumamos la responsabilidad de plantarlas, y creo que hay que ver cómo se compagina el interés sectorial con el interés general”, añadió el senador socialista.