Por demoras de la ex ONCCA, el Estado perdería US$ 1.800 millones

La disolución del ente dejó trabado un reclamo de AFIP por exportación de granos.

21deSeptiembrede2011a las06:41

La sospechosa inacción de un alto funcionario K, el titular de AFIP Ricardo Echegaray, y un curioso fallo de una cámara federal, permitieron que se esfumaran US$ 1.800 millones que el Estado debía cobrar a las grandes cerealeras por orden del Congreso. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reclamará hoy que se constituya la Comisión Bicameral que debería investigar el multimillonario perjuicio al Fisco.

El 9 de noviembre de 2007, con Néstor presidente y Cristina elegida para sucederlo, se elevaron las retenciones a la soja de 27% a 35%. Enteradas semanas antes de la suba, las cerealeras declararon exportaciones como nunca antes . Ese simple trámite les permitió congelar no solo el valor de los granos que iban a exportar sino también la alícuota de retenciones.

La maniobra parecía legal aunque su costo para el Fisco y los productores (que iban a entregar su cosecha con un descuento del 35% en vez del 27% tributado por las traders) era millonario . Por eso, asesorado por el experto Alberto Ferrari Etcheberry, el diputado Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley para evitar que las cerealeras se hicieran de ganancias indebidas. Establecía que el exportador debía acreditar la tenencia de los granos declarados o, de lo contrario, pagaría las retenciones de la fecha de embarque.

El proyecto fue aprobado en Diputados el 4 de diciembre de 2007. El Senado lo trató días después, aunque a instancias del kirchnerista Roberto Urquía, dueño de una exportadora, estableció un pequeño retoque que le costó al Estado cientos de millones . La Ley 26.531 permitió aplicar las viejas retenciones solo a la mercadería que los exportadores demostraran tener en su poder al momento de congelar la operación. Pero no permitió actualizar los valores justo cuando se registraba una fuerte alza del precio de los granos.

La reglamentación se dictó meses después, en mayo de 2008, cuando la Argentina ya se encontraba enfrascada en el conflicto agropecuario y las retenciones a la soja se habían convertido en móviles y partían de 44%.

Por esos días nadie lo advertía, pero las cerealeras continuaron tributando 27% .

Cristina instruyó a la ONCCA a discriminar cuántas toneladas de granos habían sido declaradas correctamente. Echegaray, el 24 de julio de 2008, era titular del organismo y mediante Resolución 1898 determinó que 57 empresas habían simulado ventas por 17.780.772 toneladas.

“Las exportadoras deben tener un mayor apego a la ley “, declaró entonces el funcionario, que calculó el daño al Fisco en US$ 1.800 millones . ¿Quién debía reclamar esa suma? La Aduana, dependiente de la AFIP, organismo que Echegaray comenzó a dirigir en 2009.

La tarea pareció hecha deliberadamente mal. Y es que la Aduana debía reclamar retenciones a empresas como AGD, Cargill, Nidera, Vicentín, Bunge y Dreyfus pero en el listado de la ONCCA había además firmas de productores que, como Los Grobo, exportaban su producción y que mal podían acreditar la compra de granos que recién habían sembrado.

Fue Virreyes Agropecuaria la que encontró el resquicio . La firma era propiedad del industrial Jorge Blanco Villegas y como la Aduana no la dejaba exportar inició un recurso ante la propia ONCCA, que jamás le respondió . Por eso elevó a la justicia una cautelar.

El expediente 22.750/08 recayó en la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo integrada por Gustavo Fernández, Carlos Grecco y Jorge Argento. La sala hizo lugar a la medida, pero aclaró que se mantendría “solo hasta que la ONCCA decidiera el recurso de reconsideración” pendiente.

El caso fue una invitación para el resto de las compañías . Curiosamente la misma cámara quedó a cargo de la feria de enero de 2009 y le llovieron recursos c

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