La evaluación del FMI será en 45 días

En unos 45 días, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a evaluar si la Argentina avanzó o no en su obligación de alinear sus estadísticas de inflación y crecimiento económico con los estándares internacionales.

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26deNoviembrede2011a las10:01

En julio pasado, el directorio que conduce Christine Lagarde otorgó al Gobierno un plazo de 180 días para ver si el país solucionaba esta divergencia, con la intención de no complicar la recomposición de las relaciones antes de las elecciones.

Pero en enero, el staff que conduce Nicolás Eyzaguirre volverá a presentar un informe en el que evaluará los avances y frenos de la cooperación con el Indec.

Luego, el directorio deberá adoptar una decisión: o le otorga otra prórroga para "alinear" las cifras del PBI y del IPC a los estándares internacionales, tal como lo establecen los convenios constitutivos del organismo, o comienza un eventual proceso de sanciones. Calificadas fuentes afirmaron a LA NACION que no se sabe cuál será el resultado de esa discusión -en la que jugarán componentes políticos que exceden la discusión técnica- y admitieron que no existen precedentes para fijar eventuales castigos.

Aquel comunicado del FMI se conoció una semana después de que Lagarde asumiera como jefa del FMI en reemplazo de Dominique Strauss-Kahn y tras una conversación telefónica que tuvo con la presidenta Cristina Kirchner. La semana próxima, Lagarde estará en una gira por la región, que no incluirá a la Argentina.

La disputa por las estadísticas -cuya falta de credibilidad el FMI reitera cada seis meses- se inscribe en otra mayor por la decisión del Gobierno de no abrir sus cuentas públicas al Fondo desde 2007, como el resto de los miembros del organismo, en el marco del Artículo IV.

Mientras tanto, el Indec sigue informando mensualmente subas del 0,6 al 0,8 por ciento del IPC, un tercio de las exhibidas por una docena de institutos de estadísticas provinciales y por las consultoras privadas. Fuera del Indec, se informa una inflación del 25% anual.

La Justicia, por su parte, debe decidir si ratifica o no las multas y las causas penales contra las consultoras por brindar datos diferentes a los del Gobierno..

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